El Partido Popular quiere blindar por ley la defensa y protección de símbolos oficiales de España y la Casa Real, con sanciones por la vía administrativa y no solo por la penal. Es por eso que el partido liderado por Alberto Núñez Feijóo ha presentado una proposición en el Senado, donde cuenta con mayoría absoluta, para hacer una norma que facilite los castigos por ultrajes a España y la Corona. Esta es una de las primeras iniciativas que los populares han registrado en la cámara alta haciendo valer su mayoría, una ventaja que les permitirá tramitar la propuesta y derivarla al Congreso de los Diputados.
En concreto, esta proposición, a la cual ha tenido acceso Europa Press, plantea blindar la defensa y la protección de los símbolos oficiales como son las banderas, escudos, himnos o estandartes, tanto de España y la Corona, como de las comunidades y ciudades autónomas y las entidades locales en todo el territorio nacional. En esta línea, la ley que propone el PP recoge como infracciones muy graves el ultraje, la exhibición de símbolos partidistas o la exhibición de símbolos oficiales fuera de su ámbito territorial, a excepción de ocasiones donde se utilicen por cordialidad, entre otros. Asimismo, se consideran graves la inacción o permisividad de alguna de las infracciones anteriores o el incumplimiento de la restauración de los símbolos. El descuido o la negligencia también son considerados una infracción, aunque en este caso leve.
Pese a que todavía no se conoce cuando llegará al pleno del Senado, todo apunta a que esta iniciativa de los populares recibirá el apoyo necesario en la cámara, ya que el PP cuenta con una amplia ventaja. Así continuará su tramitación y se derivará al Congreso de los Diputados, donde se tendrá que decidir si sigue adelante o no.
El Código Penal y el ultraje a España
La infracción de ultraje a España actualmente está recogida solo en el Código Penal y está castigado con una multa de siete a doce meses. Ahora, sin embargo, el PP busca ampliar las sanciones por la vía administrativa y "llenar el vacío normativo" existente, según exponen en el escrito. De esta manera, la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo plantea que los ayuntamientos tengan la posibilidad de imponer las sanciones en caso de que sea su competencia, cosa que también podrían hacer el Consejo de Ministros o el Ministerio de Política Territorial cuando les corresponda.
Las sanciones sugeridas en esta ley van desde la amonestación para aquellas infracciones más leves hasta la publicación de la infracción del boletín oficial y la no percepción de la indemnización por el cese en el cargo para las graves. Las sanciones para las faltas más graves incluyen, además, la imposibilidad de ocupar un cargo público en un plazo de cuatro años.