El PP anunciaba esta semana que presentaría ante la Oficina de Conflicto de Intereses una denuncia para determinar la responsabilidad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por el rescate de Air Europa, a consecuencia de los vínculos de su pareja, Begoña Gómez, con la compañía. Ahora, según ha podido saber el digital The Objective, los populares no descartan que sea el Tribunal Supremo (TS) quien "determine la responsabilidad del presidente del Gobierno por no ausentarse de los consejos de ministros del 3 de noviembre de 2020 y el 16 de marzo de 2021 que tomaron decisiones favorables a una compañía que tenía vínculos de naturaleza económica y profesional con su mujer, Begoña Gómez".

Ahora bien, las fuentes citadas por el digital apuntan que esta denuncia no se produciría hasta que se conociera la respuesta de la Oficina de Conflicto de Intereses. Esta oficina tiene un mes de plazo para pronunciarse y puede hacerlo sin respuesta, hecho que se consideraría un silencio administrativo, o con una respuesta rechazando los argumentos presentados por el PP o considerando que, efectivamente, ha habido falta de responsabilidad por parte de Pedro Sánchez. Una vez llegue la respuesta, los populares la estudiarán y considerarán si lo trasladan a la Fiscalía, hecho que podría comportar que el caso llegara al Tribunal Supremo, relatan las citadas fuentes. En este caso, tendrán que determinar si se opta por la Sala Contenciosa Administrativa o la Sala de lo Penal, al frente de la cual se encuentra el juez Manuel Marchena.

La denuncia en la Oficina de Conflicto de Intereses

En su escrito de denuncia en la Oficina de Conflicto de Intereses, que el PP registró este miércoles vía telemática, la formación solicita que se inhabilite el presidente del Gobierno "entre 5 y 10 años" por no abstenerse en el rescate de Air Europa, una compañía que, según apunta el PP, "tenía enlaces de naturaleza económica y profesional con su mujer, Begoña Gómez." El PP señaló que esta denuncia se produce después de "las infructuosas solicitudes de explicaciones" al presidente de cuyo Gobierno, según el partido, solo han obtenido "el silencio" y "sus intentos de ensuciar la vida política". "Si no quiere rendir cuentas ante los españoles, lo tendrá que hacer ante la Administración", añadieron.

En la denuncia, el PP solicita además a la Agencia Tributaria, a los órganos gestores de la Seguridad Social y a los servicios públicos de ocupación la información de que se disponga para determinar la naturaleza de la relación jurídica que existía entre el Instituto de Empresa y Begoña Gómez, así como de las retribuciones percibidas por la esposa del presidente. Asimismo, el PP pide trasladar a la Fiscalía, en caso de que existieran indicios que pudiera haberse incurrido en responsabilidad penal, de la documentación que haya en su poder "atendida la vinculación de alguna de las empresas reseñadas en los hechos" del escrito.

El PP confía en que la Oficina de Conflictos de Intereses "actúe con criterios de independencia y objetividad, aunque dependa de un ministerio", según señalaron fuentes del partido después de registrar la denuncia. "Esperamos, además, que esta Oficina no se guíe de las mismas actitudes proteccionistas y sectarias en favor del Gobierno como la que, lamentablemente, ya rige en el CIS de Tezanos o en la Fiscalía General del Estado, para citar tan solo dos ejemplos," añadían las mismas fuentes.