El Partido Popular se servirá esta semana de la mayoría absoluta que ostenta en el Senado para reformar el reglamento, con el fin de retrasar hasta dos meses la tramitación de la ley de amnistía, tan pronto como aterrice allí después de pasar previsiblemente por el Congreso de los Diputados. Hoy lunes se reunirá la Comisión de Reglamento para que mañana se vote de manera definitiva este martes en el pleno. Para no dejar ningún ato sin atar, los populares han introducido enmiendas para que la modificación abarque también las iniciativas que todavía estén en tramitación en la cámara el día que entre en vigor, en alusión a la norma del olvido judicial.

Los conservadores insisten en convertir el Senado en un muro por torpedear al máximo toda la actividad legislativa del Congreso, donde a priori se instalará una mayoría de 179 diputados. De hecho, la semana pasada aceleraron al máximo la tramitación de la reforma del Reglamento, tomándola en consideración el miércoles pasado con el objetivo que este lunes aterrice a la Comisión de Reglamento.

En detalle, el PP pretende dar la potestad a la Mesa del Senado, controlada por mayoría absoluta por los populares, para decidir o no aplicar el procedimiento de urgencia en las proposiciones de ley que llegan de la cámara baja, tal y como sucederá previsiblemente con la ley de amnistía que se está puliendo para registrar de forma inminente. La enmienda registrada incorpora un cambio, a partir del cual la reforma "será de aplicación a aquellas iniciativas que se encuentren en tramitación en la cámara el día de la entrada en vigor de la misma".

Tal y como regula la Constitución, el Senado dispone de veinte días para vetar o enmendar las iniciativas legislativas declaradas urgentes por el gobierno central o la cámara baja. En su propuesta, el PP subraya que el Senado podría tener la capacidad de tramitarlas de manera ordinaria y dilatar los plazos hasta los dos meses si así lo considera.

Además, el PP aprovechará la tramitación para incluir un apartado en el cual se obligue al presidente del gobierno central o a los ministros a comparecer en la cámara alta cuando lo soliciten dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los senadores, un umbral que el PP sobrepasa largamente. La enmienda registrada el viernes pasado quiere contrarrestar la maniobra de cuatro ministros del Gobierno que la semana pasada rechazaron acudir al pleno del Senado para comparecer sobre diferentes temas alegando que la obligación no estaba recogida en el reglamento.

A todo eso, la reforma ha despertado las quejas del PSOE y de sus potenciales socios de investidura, que han lamentado tanto el fondo como la forma de tramitación de los cambios que se quieren introducir. En este sentido, el PSOE, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y Sumar enviaron un escrito a la Mesa, rechazado por la mayoría del PP, en el cual reclamaba que se reconsiderara la manera como se estaba tramitando la reforma, censurando la agilidad en los plazos y advirtiendo de una "grave infracción reglamentaria".