Aumenta la tensión en torno a la polémica ley de nietos. El PP ha enviado este martes un burofax al Ministerio de Asuntos Exteriores para exigirle que cumpla "lo que ha ordenado" el Tribunal Supremo y le ha advertido de responsabilidades "penales" si no lo hace y "obstaculiza" que salgan del censo los nacionalizados por este apartado de la ley de memoria democrática que no son descendientes de exiliados. Los populares también han pedido personarse ante el Tribunal Constitucional para "defender un censo íntegro como garantía electoral" y han calificado de "maniobra insólita" el recurso del Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra la suspensión del voto de estos nacionalizados por parte del Tribunal Supremo.
A la espera de que el Constitucional resuelva sobre la suspensión de la ley (se prevé que lo haga este miércoles), el Gobierno advierte que cumplir con la petición del Supremo será muy complicado. Que los consulados puedan comprobar a tiempo qué personas consiguieron la nacionalidad con la ley de nietos y son descendientes de exiliados, de forma que puedan votar el 29 de noviembre tal como ha pedido el Supremo, será "muy difícil", reconoció este lunes el titular de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares.
Este martes, la vicesecretaria de Coordinación Sectorial y directora del programa electoral del PP, Alma Ezcurra, ha denunciado que en más de un mes la Oficina del Censo no ha recibido por parte del Gobierno "ni un solo dato", a pesar de los dos autos del Supremo instando a suspender la ley. La destinataria del burofax que ha enviado el PP es la directora general de Españoles en el Exterior y de Asuntos Consulares, a quien la formación reclama que cumpla "inmediatamente lo que ha ordenado el Supremo". "Advertimos que, en caso de incumplimiento, exigiremos todas, y digo todas, las responsabilidades a quien corresponda, también las penales", ha remarcado la dirigente popular.
El Supremo ya ha dictado dos autos "que obligan al Gobierno a retirar del censo a quienes no son descendientes de exiliados, y el Ministerio de Exteriores es quien conoce esta información", ha explicado Ezcurra. "Más de un mes después", ha reiterado, la Oficina del Censo "no ha recibido ni un solo dato", lo que pone de manifiesto "una actitud pasiva, por no decir obstruccionista". "No actuar es una acción deliberada de incumplir un mandato judicial y debe tener consecuencias", ha avisado.
El PP ha dado de plazo hasta el jueves, ha explicado Ezcurra, para que el sábado 24 empiece el envío del voto a los electores del censo de residentes en el exterior. "Y si los datos no llegan antes", llegará también a los 163.020 electores cuya inscripción en el censo ha sido suspendida por el Tribunal Supremo", ha advertido la popular.
Los populares quieren ser parte ante el TC
Por otro lado, el PP pedirá al tribunal de garantías que lo admita como parte personada y que no admita a trámite el recurso de Gabilondo. "La de Ángel Gabilondo es una maniobra insólita porque el Defensor del Pueblo debería defender al pueblo, no al gobierno", ha asegurado Ezcurra. La vicesecretaria también ha criticado que, "a un mes de dejar el cargo y sin ser parte del proceso", el Defensor del Pueblo recurra al Constitucional "para anular al Supremo cuando la vía judicial ni siquiera ha terminado". "Parece que hay algunos socialistas muy agradecidos que están empeñados en ofrecer su último servicio al sanchismo", ha opinado.
48 consulados ya han volcado datos, según Exteriores
De acuerdo con los datos del Ministerio de Asuntos Exteriores, ya son 48 las oficinas consulares que han finalizado, de manera total o parcial, la comprobación de qué nacionalizados por la ley de nietos descienden de exiliados y tienen, por lo tanto, derecho a votar el 29 de noviembre. La Abogacía del Estado cifra en 163.020 los nacionalizados por esta norma inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). Con las cautelares del Supremo, el voto queda reservado a quienes acrediten documentalmente que son descendientes de personas que abandonaron el Estado español a causa de la dictadura franquista.
La ley de nietos es el nombre informal con el que se conoce una disposición adicional de la ley de memoria democrática aprobada en 2022. Permite obtener la nacionalidad a hijos y nietos de españoles que sufrieron exilio. Una instrucción del Ministerio de Justicia de aquel mismo año presuponía que es exiliado cualquier antepasado que hubiera salido del Estado español entre 1936 y 1955. Es en esta orden ministerial donde radica el problema: los contrarios a la ley de nietos consideran que es un agujero para que se nacionalice cualquier descendiente, mientras que desde el Gobierno insisten en que es la única manera de hacerlo, porque poco tienes para demostrar cuándo te exiliaste por motivos políticos.
Feijóo se abre a separar el derecho de nacionalizarse del derecho a votar
Este martes por la mañana, en una entrevista en la Cope, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha sostenido que el Constitucional no "se atreverá conscientemente" a dictar una resolución "injusta". "No se atreverá a hacer un disparate de esta naturaleza", ha dicho. "Entiendo que el Constitucional no irá no solo contra el Tribunal Supremo y la Junta Electoral, sino que no irá contra los principios y la jerarquía de las normas", ha subrayado Feijóo.
Feijóo también ha propuesto una ley de nacionalidad que endurezca los requisitos para obtener el pasaporte: "No se regalan los pasaportes, el pasaporte se tiene que merecer". También se ha mostrado favorable a separar el derecho a nacionalizarse del derecho a votar.
Un afectado se adhiere al recurso del Defensor del Pueblo
El Defensor del Pueblo interpuso un recurso de amparo ante el Constitucional contra la decisión del Supremo de suspender el derecho de voto de los nacionalizados por la ley de nietos. El lunes, la sección cuarta del Constitucional acordó por unanimidad elevar al Pleno la admisión del recurso y la petición de medida cautelarísima. Según fuentes jurídicas citadas por EFE, el Pleno lo estudiará este miércoles.
El recurso de amparo de Gabilondo ante el Constitucional cuenta con la adhesión de un ciudadano de origen argentino que obtuvo la nacionalidad en 2025 por la ley de nietos. Defendido por el despacho del exmagistrado Baltasar Garzón, alega que está legitimado "por su condición de agraviado". Según su abogado, Pedro Javier Díaz, las cautelares que el Supremo dictó el 12 de octubre "ya están influyendo irreversiblemente en el procedimiento electoral", mientras que las medidas que pide el Defensor del Pueblo "son imprescindibles y son el único camino legal para garantizar el ejercicio del derecho de sufragio activo".