No todo está perdido para el Gobierno. La sección cuarta del Tribunal Constitucional ha acordado este lunes elevar al Pleno la admisión del recurso de amparo del Defensor del Pueblo contra la decisión del Tribunal Supremo de suspender el derecho de voto de las personas que obtuvieron la nacionalidad al amparo de la ley de memoria democrática. Es decir, el apartado de la norma conocido como ley de nietos. Los tres magistrados de esta sección han tomado la decisión por unanimidad. Así, el tribunal de garantías deberá resolver dos cuestiones. La primera es la admisión del recurso. La segunda es la petición de medida cautelarísima del Defensor, que reclama levantar, sin escuchar a las partes, la suspensión cautelar que el Supremo acordó para algunos ciudadanos.
El Constitucional ha fijado este Pleno para este martes, miércoles y jueves. Pero fuentes jurídicas informan a la agencia EFE que los dos asuntos sobre el recurso del Defensor del Pueblo se estudiarán previsiblemente este miércoles. El recurso pide amparo al TC contra la suspensión del derecho de voto de los nacionalizados por la ley de memoria democrática. La institución, liderada por Ángel Gabilondo, ha solicitado al tribunal de garantías medidas cautelarísimas que permitan a estas personas ejercer el derecho de voto en las elecciones del 29 de noviembre.
También pide al TC que se pronuncie sobre la manera en que el Supremo interpreta la suspensión del derecho fundamental de voto que afecta a los españoles nacionalizados en aplicación de la llamada ley de nietos. El Defensor ha interpuesto este recurso "después de haber analizado la decisión de la Sala Contencioso-Administrativa del TS del pasado lunes, 12 de octubre, cuando confirmó que mantenía la suspensión de votar a personas nacionalizadas por la mencionada ley, para que puedan, si así lo desean, ejercer su derecho al sufragio activo en las próximas elecciones generales".
Aquel día, el alto tribunal decidió que el derecho de voto de los nacionalizados por la ley de nietos continuara suspendido de manera cautelar, una decisión que afecta a 163.020 personas. Ninguna de ellas podrá votar el próximo 29 de noviembre, a menos que las oficinas consulares acrediten que son descendientes de exiliados.
La polémica por la ley de nietos
La ley de nietos es el nombre informal con el que se conoce una disposición adicional de la ley de memoria democrática aprobada en 2022. Permite obtener la nacionalidad a hijos y nietos de españoles que sufrieron exilio. Una instrucción del Ministerio de Justicia de ese mismo año presuponía que es exiliado cualquier antepasado que hubiera salido del Estado español entre 1936 y 1955. Es en esta orden ministerial donde radica el problema: los contrarios a la ley de nietos consideran que es un agujero para que se nacionalice cualquier descendiente, mientras que desde el Gobierno insisten en que es la única manera de hacerlo, porque poco tienes para demostrar cuando te exiliaste por motivos políticos.