La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial, Isabel Rodríguez, ha confirmado que mantendrán la mala jugada contra el president valenciano, Ximo Puig, en plena situación preelectoral, y que recortarán el trasvase Tajo-Segura, que el ejecutivo de Pedro Sánchez había prometido a los alicantinos. Isabel Rodríguez, que ha hecho las declaraciones en Ciudad Real (Castilla la Mancha), ha justificado el cambio de criterio en la Unión Europea. La portavoz ha indicado en este sentido que la creación de "caudales ecológicos" en los planes hidrológicos de cuenca, como el del Tajo, responde a la obligación que tiene España de cumplir varias sentencias de la Unión Europea y del Tribunal Supremo. El caso es que, hace tan solo un mes, el criterio del Gobierno era el opuesto y daba apoyo al pacto con Ximo Puig.

La portavoz ha comentado que el denominado caudal ecológico del Tajo se realizará de manera gradual y con la sensibilidad de saber que están "ante un recurso escaso". Según sus explicaciones, esta medida también se adopta con un esfuerzo inversor del gobierno de España, que garantizará al País Valencià, que hasta ahora era la cuenca que recibía estos recursos hídricos del Tajo, una inversión de hasta 650 millones de euros en desaladoras. Estas infraestructuras servirán para garantizar "una buena gestión de los recursos hídricos para el sector agrícola de la zona", ha dicho la ministra antes de recordar que España tiene una convicción clara de combatir el cambio climático y de ir hacia un modelo de más sostenibilidad. Según la Generalitat valenciana, sin embargo, el Gobierno ha decidido anular la subvención en el agua desalada, que usan los regantes del Acueducto Tajo-Segura, y supondrá en la práctica triplicar los precios.

Piensan "por el conjunto de España"

Isabel Rodríguez ha defendido que el Gobierno está haciendo una gran inversión en todo aquello que tiene que ver con el uso y la gestión del agua en España, que ha llevado a ser "el segundo país del mundo donde hay una mejor tecnología" en este campo. Ha asegurado que el Gobierno está trabajando en esta dirección "con los nuevos planes de cuenca". No se ha privado de decir que entiende que "Puig defienda los intereses de su comunidad autónoma, pero el gobierno de España lo hace por el conjunto del país". "Y lo hace con mucho trabajo y mucho diálogo con los sectores implicados", ha concluido.