La valoración de las portadas de este jueves sería como la del miércoles —pero peor—. La Vanguardia, referencia informativa de Catalunya, ni abre con el CatalanGate. Considera que es más importante un hipotético colapso en el aeropuerto de El Prat que el hecho de que España sea el país que más disidentes espía. Estos "disidentes" son cargos públicos elegidos por los ciudadanos en las urnas —entre ellos, los cuatro últimos presidents de la Generalitat— o legítimamente nombrados por el Govern, cargos de entidades civiles, abogados, periodistas y, en algunos casos, también sus familias. Espiados sin aval judicial ni motivo razonable dos años después de que el estado español reprimiera el procés, a sus líderes detenidos o en el exilio y la Generalitat sometida al 155. Dos. Años. Después. Este último detalle es la novedad que aporta hoy El País, el diario que mejor informa de esta vulneración de derechos, aunque no se atreva a hacer bandera de ello y lo publique en portada pequeñito, pequeñito. Ayer juzgó más notable el fin de la obligación de la mascarilla. Hoy, el debate entre Marine Le Pen y Emmanuel Macron. En fin. Claro que cada diario es dueño de su portada —aquí se ha dicho mil veces— pero esos y el de La Vanguardia parecen titulares de excusa de alguien que tiene miedo de poner el dedo en el ojo de un asunto con graves implicaciones en España y Europa, que afecta a la calidad de la democracia española, tan golpeada, como recuerda Pilar Velasco en su columna. En los diarios que explican el caso —no son todos— te dicen que aún no está todo confirmado, que podría ser otra cosa, que quizás es un grupo de descontrolados dentro del Estado, que ñi, ñi, ñi. Pero justamente por estos mismos motivos conviene levantar la voz y utilizar los hechos conocidos para exigir al gobierno y a la justicia españolas una investigación que aclare los hechos dudosos y los desconocidos. Si no, España seguirá en compañía de dictaduras y autocracias que espían a sus ciudadanos irregular o ilegalmente. En Europa, Polonia y Hungría. Más allá, El Salvador, México, Arabia Saudí, Marruecos... El País y La Vanguardia han publicado editoriales bastante contundentes sobre el espionaje. Es extraño que hoy este asunto no tenga un reflejo equivalente en sus portadas. Lo que hacen con una mano lo esconden con la otra. Malabarismos. Cuerda floja.
Los que ordenaron y orquestaron el espionaje ¿quiénes son? ¿Qué tienen, tres años? ¿Pensaban que no se sabría? ¿Les era igual? ¿Qué bien superior consideraban que justificaba esta violación de derechos? ¿El mismo que excusó la guerra sucia de los Grupos Antiterroristas de Liberación (GAL), que tan malos y mortales resultados ofreció? Estas y otras preguntas son pertinentes. Encajan aquí bien dos lecciones del pasado relacionadas con los GAL y la valoración que entonces (1983-1985) hizo la CIA. La inteligencia norteamericana deploró la opción de Felipe González de enfrentarse a ETA por la vía de la represión policiaca y judicial y la guerra sucia. El gobierno socialista "sacrificó una oportunidad de oro para sumar al gobierno vasco a la lucha contra ETA", dice un informe de la agencia, al rechazar la disposición del Partido Nacionalista Vasco a dar apoyo al endurecimiento de la legislación antiterrorista si los dejaban participar en su reforma y la aplicación. Otro informe "considera la falta de colaboración entre los gobiernos central y vasco uno de los obstáculos primordiales para una acción policial eficaz contra ETA". Los analistas implican que era momento oportuno para abordar el conflicto desde la negociación política, cosa que habría podido acelerar el fin de la banda terrorista y ahorrar víctimas. No fue así.
La segunda lección es que la apuesta represiva contra ETA no perjudicó mucho al Gobierno, según un informe de agosto de 1985, año y medio después de las primeras acciones de los GAL. La opinión pública ya era "indiferente" a la guerra sucia. "Pocos no vascos están dispuestos a discutir la valoración pública que Felipe González hace de los GAL [...] y muchos lo ven como una respuesta lógica a la violencia de ETA", concluye el informe. En aquel momento, ni González ni ningún alto cargo suyo habían sido vinculados con los GAL. Eso no llegaría hasta 1998, cuando José Barrionuevo y Rafael Vera, ministro del Interior y secretario de Estado de Seguridad, respectivamente, fueron condenados por el secuestro del empresario vasco Segundo Marey por los GAL en 1983. Hoy, a la opinión pública española, a los partidos dinásticos, a la mayoría de medios y resto de fuerzas vivas de la sociedad española le puede ser indiferente o justificable que se espíe a los independentistas. La diferencia es que hoy, contrariamente a 1985, España es un estado miembro de la Unión Europea, donde sí inquieta el caso del espionaje. A los grupos del Parlamento Europeo y a los medios de comunicación del continente no les da igual. Hay una comisión de investigación en marcha en la Eurocámara. Han pedido a España que indague. Quizás en este caso los diarios españoles de referencia no tendrían que perder comba ni menospreciar el asunto —cuando menos para no parecerse a los que ya están tan fanatizados que todo eso de los derechos y libertades no les da ni frío ni calor.
