El ponente del informe del Consejo de Europa que pide la puesta en libertad de los presos políticos y la retirada de las euroórdenes contra los exiliados, Boriss Cilevičs, ha manifestado en una entrevista, que no basta con los indultos, sino que también se tendrá que retirar la persecución contra los que salieron del país, y además España tendrá que evitar ensañarse con los cargos de segundo rango, como hacen algunos juzgados. Cilevics ha insistido en que los indultos por sí solos "por supuesto no resuelven el problema".

"Estoy muy contento de ver que después de la adopción de la resolución del Consejo de Europa, el Gobierno español ha tomado la decisión de perdonar a los 9 políticos catalanes que ya hacía 3 años que estaban encarcelados. Es una de las medidas que recomendamos de forma insistente y de hecho es un paso muy bueno en la buena dirección. Por descontado eso no resuelve el problema en sí mismo, porque todavía hay demandas de persecución a políticos de menos nivel, y es bastante ilógico que los líderes del movimiento político hayan sido perdonados pero sus subordinados sean juzgados y condenados por haber seguido la misma dirección. Y existe todavía el problema de los políticos que fueron perseguidos y se refugiaron en el extranjero, porque el Gobierno todavía insiste en extraditarlos, aunque todas las peticiones de extradición hasta ahora han sido rechazadas, como ha sucedido en Bélgica o en el Reino Unido", ha señalado.

 

El ponente ha subrayado que el perdón a los presos es importante, pero que el Consejo de Europa insiste en que se tienen que retirar las persecuciones judiciales contra el exilio y los subalternos. "Eso es mejor que los veredictos judiciales de mano dura y poner a tus oponentes políticos en la cárcel", ha manifestado.

Según Cilevics, el problema de España, a diferencia del que tiene Turquía, que también salía en el informe, es que dictó penas contra los políticos catalanes "claramente desproporcionadas". "Los políticos catalanes organizaron un referéndum inconstitucional e ignoraron los requerimientos del Tribunal Constitucional y llamaron a la gente a la protesta. Actuaron ciertamente de forma ilegal, pero las sanciones no pueden ser las mismas que si hubieran cometido crímenes serios. Por lo tanto, una condena de 9 a 13 años de prisión está bien para violadores asesinos, pero son unas sentencias claramente desproporcionadas en este caso. Este es el problema que tiene España", ha remarcado.

El ponente indica que esta es una diferencia con Turquía. "El problema en España no es que esté prohibido defender las ideas pro-independencia, sino que el Estado de derecho tendría que incluir un principio de proporcionalidad en las penas sobre estas cuestiones", detalla.

Votación rotunda

La Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó el 21 de junio un informe pidiendo la libertad de los presos políticos y acabar con la persecución de los exiliados.

El texto, bajo el título ¿Tendrían que ser perseguidos los políticos por las declaraciones hechas en el ejercicio de su mandato? se aprobó con 70 votos a favor, 28 en contra y 12 abstenciones, después de un tenso debate y de una votación en que se rechazaron una tras otra las enmiendas impulsadas por los diputados españoles, que intentaban rebajar algunos de los puntos clave del documento.

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