La llegada del Aquarius provocó el domingo por la mañana una llegada masiva de periodistas al Puerto de Valencia. Una cobertura mediática sin precedentes. De hecho, se podría decir que había un periodista por cada inmigrante, ya que había 600 periodistas de 138 medios de comunicación diferentes. Una situación bien diferente de la que se ha vivido en el Estrecho de Gibraltar y el mar de Alborán, donde durante el mismo fin de semana han llegado casi 1.000 inmigrantes a bordo de una setentena de pateras. Estas, prácticamente sin cobertura mediática.
La acogida de los 638 inmigrantes de l'Aquarius era una cuestión humanitaria, después de que Italia y Malta cerraran sus fronteras, y demuestra la intención del nuevo gobierno español de Perdo Sánchez de revertir los errores en políticas migratorias de los últimos años. Ahora bien, la disparidad entre los dos casos y las dudas que ciernen sobre cuál será el futuro de los pasajeros del Aquarius -si obtendrán todos el status de refugiados o si se les aplicará la ley de extranjería y algunos serán expulsados- pone en duda si realmente habrá un cambio de criterio o si se trata de un caso aislado.
Es cierto que el nuevo gobierno español de Pedro Sánchez ha empezado a dar pasos para revertir la dura política migratoria que durante años se ha hecho al Estado. No sólo con la llegada de l'Aquarius, sino también con la promesa del ministro Fernando Grande-Marlaska de sacar las concertinas de la valla de Ceuta y Melilla y el anuncio del retorno a la sanidad universal. Ahora bien, si el nuevo presidente socialista quiere realmente cambiar la política migratoria del estado español y cumplir con los derechos humanos tiene todavía mucho trabajo por hacer.
Frontera entre España y Marruecos, en Ceuta / EFE
La vergüenza de Europa: la frontera sur
Más allá de la promesa hecha esta semana por el ministro Grande-Marlaska de sacar las concertinas de la valla que separa las ciudades de Ceuta y Melilla de Marruecos y buscar métodos menos lesivos, la frontera sur tiene muchos más puntos conflictivos. Desde el año 2010 casi 1.800 personas han perdido la vida, según el último informe sobre derechos humanos publicado por Irídia, Novact y Fotomovimiento.
Las concertinas son unos alambres equipados con cuchillas que se instalaron en lo alto de las vallas. Su instalación fue una decisión adoptada el año 2005 por el gobierno presidido por José Luís Rodríguez Zapatero en medio de una fuerte ola migratoria. Sin embargo, dos años después, Zapatero decidió retirar las de Melilla al ver las heridas que causaban a las personas que intentaban saltar la valla. En 2013, sin embargo, Mariano Rajoy decidió no sólo reinstalarlas sino poner más.
Cabe decir que en 2014 el actual presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ya se comprometió a retirarlas todas si llegaba a La Moncloa.
Más allá de las concertinas, en la frontera sur son habituales las devoluciones en caliente, una práctica ilegal que vulnera los derechos humanos
Más allá de las concertinas, sin embargo, en la frontera sur son habituales las devoluciones en caliente, una práctica ilegal que vulnera los derechos humanos. Cuando la Guardia Civil intercepta a una persona dentro del perímetro fronterizo, la entrega a la policía marroquí de manera directa, sin que esta sea identificada y sin darles la posibilidad de solicitar protección internacional. Se desconoce el número de muertos, desapariciones y vulneraciones de derechos humanos que provocan este tipo de devoluciones. La opacidad es absoluta y no hay ningún tipo de registro oficial.
Los polémicos centros para inmigrantes
Algunos de los que no son devueltos en un primer momento pasan en los Centros de Estancia Temporal de los Inmigrantes (CETI) que hay tanto en Ceuta como en Melilla, donde esperan que se resuelva su situación administrativa o la petición de protección internacional. Varias asociaciones humanitarias han denunciado situaciones de hacinamiento, llegando a triplicar la capacidad de los centros, así como una habitual práctica de sanciones arbitrarias. En este sentido, aseguran que algunas personas son sancionadas y expulsadas del CETI y no se les da ningún alojamiento alternativo, quedando en la calle y sin ningún tipo de protección ni ayuda.
CIE de la Zona Franca, Barcelona / ACN
Una situación parecida a la que se vive en los CIE, los Centros de Internamiento de Extranjeros, que son los que se utilizan en el caso de los inmigrantes que llegan por mar. El de Barcelona, por ejemplo, situado en la Zona Franca, es uno de los más polémicos. Activistas e instituciones, como la Sindicatura de Greuges, presentaron el año pasado un informe en el cual denunciaban el ingreso de menores no acompañados y varias vulneraciones de los derechos humanos, así como el derecho a la salud o a poder tener un proceso judicial con garantías.
La problemática de los menores no acompañados
De hecho, los menores no acompañados son otro de los puntos conflictivos. En un primer momento el problema es saber si son menores o no y, por lo tanto, si tienen que ser derivados en la Fiscalía de Menores para que les asigne un centro de menores, o ser tratados como adultos. Para saberlo, se utiliza tanto la documentación que lleve la persona, si es que lleva alguna, y se les hace una prueba osteométrica, un tipo análisis muy cuestionado.
De hecho, el Tribunal Supremo determinó en 2014 que estas pruebas no tendrían que realizarse, ya que esta hay un gran margen de error técnico y, en muchas ocasiones, hay menores que son identificados como mayores de edad. Aún así, se sige usando.
Cuando los menores hacen 18 años hay un vacío legal y no está claro qué acompañamiento se los tiene que dar
Además, cuando un menor llega solo al estado español es acogido en un centro de menores. El problema, sin embargo, viene cuando estos cumplen los dieciocho años. El actual sistema de protección tiene un vacío legal en este punto, no está claro qué acompañamiento se les tiene que dar y se enfrentan a una mayor situación de vulnerabilidad ante la amenaza de ser expulsados al turbarse en una situación de irregularidad administrativa.
Por alta lado, en algunos centros el trato a estos menores no es el adecuado. Según la Asociación Harraga Melilla, el 92% de los menores no acompañados que han pasado por un centro de menores en el 2016 y que lo han dejado "señalan situaciones de violencia como el motivo por el cual han preferido dejarlos: castigos psicológicos o físicos, hacinamiento y pésimas condiciones higiénicas son habituales en estos centros de menores".
Un joven a bordo de l'Aquarius, a punto de llegar a Valencia / Médicos Sin Fronteras
Las deportaciones exprés
La deportación en el país de origen se puede dar a través de dos vías diferentes: las órdenes de devolución y las órdenes de expulsión. Tienen procedimientos diferentes, con respecto a los años de vigencia, pero comportan la misma prohibición: una vez deportado no se puede volver a entrar en España en un plazo de entre uno y diez años. Después de salir del CIE o de la caducidad o no renovación de un visado, las personas que se encuentran en situación irregular en la calle pueden ser deportadas a través de una identificación o de batidas y ser devueltas a sus países de origen desde el CIE.
En los últimos años, además, se han estado deportando personas mediante deportaciones exprés. A través de batidas, identificaciones por perfil étnico o directamente por engaños, las personas que se encuentran en situación irregular y que son del país del destino del macrovuelo que esté programado para la deportación son llevadas al calabozo y de allí deportadas en menos de 72 horas y sin presencia de un juez. Este tipo de deportaciones no sólo representan una grave vulneración de derechos por su opacidad a la hora de conocer la situación a tiempo tanto por parte de los familiares como de los abogados, sino también por la vulneración de derechos que comporta una expulsión sin control judicial ni cobertura jurídica.
El incumplimiento de acoger refugiados
Finalmente, hay que recordar que España está entre los estados más incumplidores de la UE con respecto a la acogida de refugiados. En septiembre de 2017, cuando acababa el plazo de dos años sobre el que se habían comprometido todos los países de la Unión Europea para acoger refugiados, España había acogido 1.980 de los más de 17.337 en los que se comprometió en 2015. Eso supone un escaso 11,4% del total. La media de la UE con respecto al cumplimiento de la promesa fue del 27%.