Los abogados de los policías investigados por las cargas en los centros de votación durante el referéndum del 1-O ha solicitado al juez que impute por sedición a todos los votantes que participaron en incidentes con los agentes. La idea es seguir la línea marcada por la sentencia del Tribunal Supremo contra los líderes independentistas que salió hace una semana y que fija condenas de prisión entre los 9 y los 12 años.

En un documento al que ha tenido acceso Efe, el despacho de abogados que ejerce la defensa de los policías investigados solicita al juzgado de instrucción 7 de Barcelona que impute por sedición o resistencia "en cualquier modalidad de comisión" a aquellas personas "perfectamente identificadas" que acudieron a votar el 1-O e intentaron evitar que los agentes impidieran el referéndum. Se insta así a imputar a manifestantes "perfectamente identificados" que, en el marco de la causa que investiga las cargas, manifestaron que acudieron a los centros de votación para impedir la acción de la policía.

Según la defensa de los policías, estos votantes actuaron "claramente tendentes a impedir con su actuación activa la efectividad de las leyes y de las resoluciones judiciales vigentes, enfrentándose para eso u ofreciendo una resistencia activa a la actuación policial que pretendía reponer el orden constitucional y aplicar las mencionadas resoluciones judiciales".

Por este motivo, considera que existen los indicios suficientes para que sean investigados y se depuren "las posibles responsabilidades penales en que los mismos hubieran podido incurrir como autores, coautores cómplices, o cooperadores necesarios en relación con las conductas constitutivas de delito de sedición y desobediencia desarrolladas el día 1 de octubre en Barcelona".

En la sentencia del procés, aunque no se tuvieron en cuenta los testimonios de los votantes heridos ni parte de los policías, y aunque la causa está en manos de los tribunales catalanes, el Supremo denunció "abiertas agresiones" de ciudadanos a policías y guardias civiles y consideró que estos "se vieron obligados al uso de la fuerza legalmente prevista". Según el alto tribunal, hubo ciudadanos que insultaron y vejaron a los agentes con escupitajos, expresiones despectivas y palabras amenazadoras, "sin que faltaran abiertas agresiones que sobrepasaron los contornos de la resistencia pasiva, incluso en la más indulgente de las concepciones, erigiéndose en simples actos de agresión".