La Policía Nacional española ha registrado este viernes varios despachos oficiales de la sede del gobierno de la ciudad autónoma, entre los cuales se encuentran el del presidente, Eduardo de Castro y los de algunos consejeros, en el marco de la investigación sobre la compra de votos por correo en las elecciones municipales del 28-M. La Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal investiga por orden judicial a una decena de personas por un presunto delito de fraude electoral, para tratar de determinar si hubo alguna conexión entre los hechos y los partidos locales en el consistorio, compuesto mayoritariamente por miembros de Coalición por Melila (CpM).
Los agentes han accedido en torno a las 9.00 h de este viernes al interior del Palacio de la Asamblea de la ciudad autónoma con una orden judicial emitida por el juzgado de Instrucción número 2 de Melilla. Según ha adelantado Vozpópuli, el presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, Eduardo de Castro, ha mostrado su colaboración con la policía en el registro, y los agentes han requisado material.
Detención de miembros de Coalición por Melilla
La operación está bajo secreto de sumario, pero tiene relación con la detención la semana de las elecciones del 28-M de una decena de personas por un presunto caso de fraude electoral, entre las cuales se encuentran los detenidos Mohamed Al-Lal, número 3 de Coalición por Melilla y consejero de Distritos, Juventud y Participación Ciudadana del gobierno melillense, y Mustafa Aberchán, líder de Coalición por Melilla, que ya había sido condenado anteriormente por un delito electoral. El gobierno de la ciudad autónoma liderado por Eduardo de Castro —independiente, pero exmiembro de Ciudadanos— estaba compuesto, entre otros partidos, con cinco consejeros de Coalición miedo Melilla.
Escándalo por compra de votos
Según el Ministerio del Interior, el proceso para pedir el voto por correo en Melilla tuvo 11.707 solicitudes registradas, el 20% del censo cuando la media en España es del 3%, mientras que finalmente solo se validaron 2.572 votos, el 22% del total. La fiscalía anticorrupción vio indicios que miembros de Coalición por Melilla presuntamente compraron votos por correo de numerosos electores. De no detectarse a tiempo, el presunto fraude en este voto por correo podría haber puesto en riesgo la legitimidad democrática del gobierno del consistorio surgido y el derecho a unas elecciones limpias.