Nuevo portazo de la justicia española a Catalunya. A partir de hoy, la Policía Nacional custodiará el Palau de Justícia de Barcelona, junto con los Mossos d'Esquadra, que dejarán de tener esta exclusiva. Así lo ha decidido el presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJC), Jesús María Barrientos, que ha pedido al jefe de la Policía Nacional en Catalunya que sume sus agentes a los que ya hay de los Mossos en el Palau de Justícia.
Y no sólo eso. Barrientos ha ordenado al jefe de la policía española que envíe a los agentes que crea necesarios y le ha pedido que, a pesar de la policía catalana seguirá vigilando el TSJC, lo harán bajo las órdenes "de quien dirija la unidad del Cuerpo Nacional de Policía desplegada" para así "preservar la seguridad del edificio" y el "normal" funcionamiento de la sede de la justicia en Barcelona.
El motivo de esta iniciativa está claro. Según el presidente del TSJC, "la decisión obedece a la previsión de extremar la seguridad del edificio y garantizar su pleno y normal funcionamiento" en caso de que el Parlamento se haga la Declaración Unilateral de Independencia (DUI) porque, a opinión de Barrientos, coordinar los dos cuerpos de la policía puede ayudar a "preservar de forma más eficaz la legalidad constitucional".
'Fundamentos' de derecho
Diez años después de que les fuera asignada en exclusividad esta tarea a los Mossos tal como apunta el artículo 148.1.22 de la Constitución —antes era la Guardia Civil la encargada de vigilar el edificio judicial del paseo Lluís Companys—, ahora el TSJC ha decidido retirar la vigilancia exclusiva a los Mossos ante su temor que mañana el presidente Carles Puigdemont haga la DUI y lo hace basándose en diferentes artículos tanto de la Constitución, la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) o, incluso, del Estatut.
Entre estos, el artículo 14 de la LOPJ, que pone de relieve que "los jueces y magistrados que se consideren inquietados o perturbados en su independencia lo pondrán en conocimiento del Consejo General del Poder Judicial, dando cuenta de los hechos al juez o tribunal competente para seguir el procedimiento adecuado, sin perjuicio de practicar por sí mismos, las diligencias estrictamente indispensables para asegurar la acción de la justicia y restaurar el orden jurídico".
Aparte de eso, la LO 2/1986 del 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, establece en su artículo 9 que tanto la Guardia Civil como la Policía Nacional ejercen sus funciones en todo el territorio español y, dentro de estas funciones, se incluye "velar por el cumplimiento de las leyes y autoridades", así como "vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicas que lo requieran".
Todo ello llega después de que muchos catalanes pudieran votar en el referéndum, después de las diversas manifestaciones en contra de la violencia policial que dejó cerca de 900 heridos el 1-O y a favor de la democracia y, también, después del paro general en rechazo a las actuaciones de la policía española.