El Parlament ha aprobado hasta 40 resoluciones en el pleno de emergencia social y reactivación económica. De estas, 13, han sido aprobadas por unanimidad. Entre las más destacadas: garantizar que las becas comedor de los niños que cumplen los requisitos, impulsar una tarifa social en el transporte público o mantener una partida de 10 millones de euros como mínimo para hacer frente a la pobreza energética.

Pobreza infantil

El Parlament ha aprobado garantizar que ningún niño se quede sin beca comedor, lo que se ha cuantificado en unos 12 millones de euros extras. La cámara pide que se revisen los criterios con el fin de asegurar el acceso a las becas a los niños y adolescentes de aquellas familias que están en situación de riesgo. Por otra parte, la propuesta también contempla que los menores que lo necesiten tengan también garantizadas las comidas necesarias durante las vacaciones. En paralelo, se trabajará para impulsar el aprovechamiento de los excedentes alimenticios del sector de la hostelería y la restauración en colaboración con las entidades sociales.   

Con el fin de garantizar un nivel de vida digna a los niños, el Parlament insta al govern a implementar una prestación económica en concepto de “criança” hasta los 18 años. Y conscientes de la importancia de que todos los jóvenes participen de las actividades de educación en el ocio, también se adquiere el compromiso de garantizar precios públicos bonificados.

Con respecto a los niños con necesidades especiales, la cámara hace una apuesta clara por la escuela inclusiva y pide que se amplíen los recursos y servicios, asegurando la asignación del personal de apoyo necesario para la escuela ordinaria. También se hace un llamamiento para garantizar las ayudas para material y transporte en barrios y familias vulnerables.

Renta mínima de inserción

El Parlament apuesta por recuperar la renta mínima de inserción como derecho subjetivo y ampliar el presupuesto para garantizar el 100% de la cobertura. Además, exigen que se mantenga la ayuda a todas las personas que, superados los 60 meses, están en las mismas circunstancias que generaron el derecho a percibirla. No obstante, la dotación de esta medida queda vinculada a los nuevos presupuestos. En esta línea, a propuesta de la CUP, se ha aprobado una propuesta que reconoce al individuo una cobertura social y económica sólo por el derecho a existir. En cambio, se ha tumbado la propuesta de resolución de CSQP y el PSC de incluir en el presupuesto del 2016 la cuantía necesaria para hacer frente a la entrada en vigor de la ILP de la Renta Garantizada de Ciudadanía.

Emergencia habitacional y pobreza energética

A propuesta de JxSí, PSC y CSQP, el Parlament ha aprobado instar al Govern a mantener en los presupuestos una partida no inferior a los 10 millones de euros y que en todo caso dé respuesta al pago de las facturas de suministros básicos de los hogares en situación de vulnerabilidad económica y riesgo de exclusión residencial. Así como firmar los acuerdos o convenios necesarios con las empresas suministradoras a fin de que asuman al menos el 50% del coste de las facturas. También se han concretado 10 millones para el pla de barris.

Asimismo apuesta por desplegar las medidas para evitar los desahucios que puedan producir una situación de falta de vivienda. También seguir dando apoyo a las familias con riesgo de exclusión social residencial con programas sociales de vivienda que gestiona la Agència de l'Habitatge de Catalunya, habilitando las partidas presupuestarías necesarias en el presupuesto de 2016 para hacer frente a las necesidades de como mínimo 100.000 hogares. A la vez, la cámara insta a aumentar el parque público de vivienda para equipararse a niveles europeos, así como ampliar el número de familias con derecho a percibir la ayuda al alquiler.

Salud

La cámara catalana ha dado luz verde también a una resolución transaccionada entre JxSí, PSC y CSQP con el título “reversión de recortes en atención primaria de salud”. En este sentido, insta a presentar a la Comissió de Salut en el plazo de un mes un informe que incluya el calendario, y las principales líneas de actuación para revertir los recortes en este ámbito. También, a detallar en el plazo de tres meses "toda la información con respecto a las más de 16.000 derivaciones que se produjeron durante el 2014 por parte del CatSalut entre centros del Sistema Sanitari Integral d'Utilització Pública de Catalunya (SISCAT) para reducir las listas de espera".

También han acordado que el govern entregue en el plazo de tres meses los resultados de la inspección sobre las bajas de pacientes de la lista de espera pública antes de ser intervenidos. La propuesta también incluye promover un programa público de big data sanitario que garantice que los únicos destinatarios de datos sanitarios sean los centros de investigación de titularidad pública o sin ánimo de lucro.

Sin techo

A instancia de C's, CSQP y PSC, el Parlament ha aprobado por unanimidad también instar a los ayuntamientos a posibilitar el empadronamiento de las personas sin hogar como mecanismo para garantizar el ejercicio y acceso a los derechos básicos. También reclaman poner en marcha equipos de intervención profesional en la calle, tanto para atender la emergencia social como para hacer un seguimiento continuado de las personas que no recurren a los recursos existentes y así facilitarles una serie de derechos fundamentales, con especial atención a la salud mental. 

Comisión de Seguimiento

Para evitar que todo quede en un “brindis al sol”, tal como las entidades del tercer sector denuncian que pasó después del pleno monográfico sobre pobreza del 2014, se ha aprobado por unanimidad crear una comisión de seguimiento en el plazo de dos meses para el cumplimiento de los acuerdos aprobados. Esta comisión tendrá que tener representación del govern, los grupos parlamentarios y las entidades sociales y profesionales del sector. En este sentido, las entidades sociales dan un voto de confianza, pero no del todo, al cumplimiento de todas estas propuestas.

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