El pleno del Tribunal Constitucional (TC) se reunirá con carácter extraordinario a las 10.00 de este martes para estudiar la admisión a trámite del recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Transitoriedad. De producirse, ello supondría la suspensión de la vigencia de esta norma durante al menos cinco meses, han señalado fuentes del TC.

El Parlament aprobó el pasado jueves por la noche la Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana, que marca las bases de la legalidad catalana en caso de que gane el 'sí' en el referéndum y se declare la independencia.

La aprobación se llevó a cabo pese a que el Tribunal Constitucional había acordado poco antes la suspensión de la Ley del Referéndum, de la resolución por la que se convoca la consulta de autodeterminación para el próximo 1 de octubre y otros dos acuerdos del Parlament de Catalunya, sobre las normas complementarias de organización del propio referéndum, y el nombramiento de una Sindicatura que ejercería de Junta Electoral.

La ley establece un periodo transitorio de aproximadamente un año para crear una Constitución y convocar las primeras elecciones de una república catalana. En el periodo transitorio seguirían vigentes las normas de la UE, los tratados internacionales y todas las leyes estatales que "no contradigan" la ley catalana de transitoriedad jurídica y se podrían recuperar todas aquellas normas catalanas que ya haya suspendido el TC y volver a darles rango legal.

Contempla igualmente que el president de la Generalitat sea automáticamente jefe del Estado y que Catalunya asuma el control de las fronteras y aduanas, además de expulsar al Ejército hasta que la futura Asamblea Constituyente decida si se crea uno propio. Con respecto a los empleados públicos del Estado que prestan servicios en Catalunya, estos se integrarán automáticamente en el cuerpo funcionarial de la Generalitat, manteniendo sueldo y condiciones.

Prevé también que tendrá la nacionalidad catalana quien tenga la española y esté empadronado en Catalunya antes del 31 de diciembre de 2016; además, todo catalán mantendría la nacionalidad española, aunque puede pedir renunciar a ella.

Respecto a la justicia, la ley crea un ordenamiento jurídico aunque manteniendo las plazas de los actuales jueces, magistrados, fiscales y letrados. Uno de los cambios más sustanciales es la sustitución del TC por la Sala de Garanties y del TS por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).

Además, el presidente del Supremo catalán será nombrado por el Govern y el fiscal general, por el Parlament. Igualmente, la norma contempla la amnistía a los condenados por el proceso soberanista y que la Generalitat sea la única autoridad tributaria en Catalunya.