La Plataforma per la Llengua ha denunciado la existencia de 61 nuevas normas que imponen el castellano, que a su entender contrastan con la voluntad plurilingüística que proclama el gobierno del PSOE y Podemos.

Según la Plataforma, en total hay 135 normas discriminatorias con todos los idiomas que no son el castellano, y que van en detrimento del catalán. Cita por ejemplo que los extranjeros que solicitan la ciudadanía española están obligados a saber castellano pero no catalán. En diciembre de 2020, el gobierno del PSOE y Unidas Podemos modificó una norma ya existente para que se pudiera solicitar por vía telemática la ciudadanía española. Pero la Plataforma lamenta que a pesar de la modificación, el decreto mantuvo la obligatoriedad de examinarse en castellano para obtener la ciudadanía. Concretamente, establece que como prueba de "la integración en la sociedad española" (un requerimiento establecido por el Código Civil) los solicitantes tienen que demostrar "el conocimiento básico de la lengua española mediante la aportación al Instituto Cervantes de los certificados oficiales de los niveles básico (A2), intermedio y avanzado de las enseñanzas de español como lengua extranjera".

La Plataforma afirma también que la nueva ley orgánica de Educación sigue imponiendo la enseñanza del castellano en todo el territorio del Estado y limita la posibilidad de que las autoridades requieran la enseñanza obligatoria de las otras lenguas autóctonas en aquellos territorios donde son oficiales y donde son la lengua autóctona y tradicional. Además, la norma prevé que en las comunidades autónomas con lenguas oficiales propias se podrán establecer exenciones en el aprendizaje y examinación en estas lenguas, pero no en el castellano.

Igualmente recuerda que hay cuatro resoluciones de noviembre y diciembre de la Dirección General de Salud Pública y de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea que imponen que los viajeros muestren documentos acreditativos de que no están contagiados de la Covid-19 redactados en castellano o en otras lenguas específicas, pero en ningún caso prevén que puedan hacerlo en catalán.

También cita el real decreto que regula las comunicaciones comerciales de las actividades de juego, que establece que los operadores tendrán que habilitar un servicio telefónico en castellano de atención al cliente para dar información y asistencia, con respecto a la seguridad en el juego y a los comportamientos de riesgo.

Otro ejemplo según la Plataforma es la orden ministerial que aprueba las bases reguladoras para la concesión del premio Francisco Tomás y Valiente, que otorgan el Tribunal Constitucional español y el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales. Establece que las obras candidatas pueden ser escritas "en cualquiera de las lenguas oficiales españolas", pero si no están escritas en castellano tienen que ir acompañadas de una traducción a esta lengua, que se prioriza.

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