La Fiscalía pide cinco años de prisión para el exconcejal de CiU en Barcelona Antoni Vives, acusado de contratar ilegalmente en Barcelona Regional a un exalcalde convergente, que en cuatro años se embolsó presuntamente 155.067 euros sin ejercer ningún trabajo en la empresa municipal.

En su escrito de acusación, en que ha tenido acceso Efe, el ministerio público acusa Vives, el exdirector general de Barcelona Regional Guillem Muller y el exalcalde de Cervelló Jesús Arévalo de un delito de falsedad documental, en concurso con prevaricación y malversación, y pide cinco años de prisión para cada uno de ellos.

La Fiscalía sostiene que Vivas -investigado en el "caso 3%", el presunto pago de comisiones ilegales en CDC- se puso de acuerdo con Muller para contratar "ficticiamente" a Arévalo entre los años 2012 y 2015, después de que este se lo solicitara a su partido para "completar su remuneración anual" después de ser elegido alcalde.

Según mantiene el ministerio público, que impulsó la querella que dio pie en la investigación, el caso se remonta en el año 2011, cuando Arévalo fue elegido alcalde de Cervelló, con una retribución anual de 47.275 euros, y Vives fue nombrado regidor de Urbanismo y presidente del consejo de administración de Barcelona Regional durante el mandato de Xavier Trias.

El alcalde, funcionario de carrera, pidió a su partido ser contratado por la administración "por así completar su remuneración anual", dado que en su anterior cargo de arquitecto en el Ayuntamiento de Sant Feliu de Llobregat su salario era superior al que ganaba en el consistorio de Cervelló. "De mutuo acuerdo con su amigo" Guillermo Muller, Vives decidió contratar Arévalo, con "consciente y grosera infracción del deber de actuar de acuerdo con el ordenamiento jurídico y con evidente perjuicio económico para los intereses públicos", añade la Fiscalía.

De este modo, el alcalde firmó un contrato desde el día 9 de enero de 2012 hasta fin de obra, para hacer funciones "de asistencia técnica al proyecto modelo urbano y metropolitano de dispersión de contaminantes", con una jornada laboral a tiempo completo de 40 horas semanales y un salario de 34.000 euros brutos anuales.

Por este motivo, el escrito de acusación pide que se condene los tres acusados a indemnizar, conjuntamente y solidariamente, en Barcelona Regional con 155.067 euros en total, la cantidad que Arévalo cobró supuestamente de las arcas públicas entre los años 2012 y 2015, y a una multa de 60.000 euros.