El penalista y exdiputado de la CUP, Benet Salellas, será el nuevo abogado de Santos Cerdán en el caso del cobro de supuestas comisiones a empresas adjudicatarias de obra pública, según se ha difundido este miércoles y han confirmado fuentes jurídicas. Inicialmente, el exsecretario de organización del PSOE fue representado por el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda, que es el letrado del partido socialista y que ha anunciado que renunciará a la defensa de Cerdán, después que se haya dado de baja del partido y haya renunciado a su acta de diputado.
Martínez Fresneda hizo las primeras gestiones para Cerdán ante el Tribunal Supremo, que investiga la trama, formada por su antecesor y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, y su asesor Koldo García, que los grabó a todos. El ex número tres de los socialistas aparecen en el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, con nuevas implicaciones.
Independentista convencido
Independentista de piedra picada, Benet Salellas (1977) ha participado en litigios destacados, como fue la defensa del entonces presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ante el Tribunal Supremo en el juicio del procés. También impulsa la reapertura de la investigación sobre la muerte de Helena Jubany, y otros casos menos mediáticos y de carácter social, como la muerte de una persona detenida en una celda de los Mossos.
Fue diputado de la CUP en el Parlament del 2015 en el 2017, y con su grupo impulsó el referéndum del 1-O del 2017. Salellas ya no milita a la CUP, se dio de baja al finalizar el debate interno del partido, en el proceso de Garbí, el 2024. En su último libro, En encesa espera, denuncia las torturas policiales y la indiferencia judicial contra los independentistas detenidos en 1992. En una entrevista con ElNacional.cat, Salellas aseguró: "Sin la autodeterminación, la amnistía solo será un calmante."
La declaración ante el juez
La primera actuación de Salellas será preparar la declaración de Santos Cerdán ante el juez del Tribunal Supremo que investiga la trama de corrupción. El magistrado Leopoldo Puente lo había citado para el próximo 25 de junio, fecha que el ex número tres del PSOE había aceptado, de forma voluntaria, sin que se preguntara en el Congreso por su aforo, que ya no tiene.
Dos días antes, el 23 de junio, tienen que declarar como investigado Ábalos -que ha intentado sin éxito aplazar su declaración- y Koldo.
De la decena de adjudicaciones de obra pública bajo sospecha, hay una en Catalunya: se trata del soterramiento de las vías del tren en Sant Feliu de Llobregat, reclamado por el municipio desde hace años. El gobierno español, a través de Adif lo adjudicó el 2019 al grupo Acciona, que ya ha despedido dos responsables de la empresa citados en la trama. La licitación inicial era de 51,7 millones de euros, que se amplió hasta los 62 millones.