A las urnas. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha adelantado la convocatoria de elecciones generales para el domingo 29 de noviembre, después de que el Congreso de los Diputados —con los votos en contra de Junts, PP y Vox— rechazara sus dos decretos de vivienda. El socialista ha estado este fin de semana recluido en el palacio de la Moncloa. Ya el viernes, durante aquel Pleno en la cámara baja, Sánchez meditó con su núcleo duro en los despachos que tiene reservados en la institución la posibilidad de poner ya las urnas, y ha estado haciendo lo mismo a lo largo del sábado y el domingo, analizando las movilizaciones que ha habido reclamando soluciones a la crisis de la vivienda. Es decir, valorando la posibilidad de aprovechar esta ola de indignación en su favor. La mayoría del PSOE le empujaba a dar este paso, y así ha sido.
Ocho años después de haber estado gobernando, y con una crisis de la vivienda que no hace más que agravarse, Sánchez ha asegurado que es consciente de que su ejecutivo "ha cometido errores y no ha conseguido hacer todo lo que se había propuesto". Pero ha añadido que "para hacer más necesitamos renovar y ampliar el apoyo de la gente". "Debemos movilizarnos y conseguir una mayoría progresista mucho más amplia con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España", ha manifestado en una declaración institucional pronunciada en el exterior del palacio de la Moncloa.
Después de una legislatura marcada por la ley de amnistía y de los reveses constantes de Junts a muchas de sus iniciativas, entre ellas los decretos de vivienda, Sánchez ha rematado su discurso denunciando que ha tenido que trabajar "con un Congreso en el que absurdamente muchos confunden pactar con traicionar y bloquear con vencer". A los socios de investidura que sí se han mantenido como sus aliados parlamentarios los últimos tres años les ha enviado un mensaje de agradecimiento: "Han sabido ver más allá de sus diferencias para construir acuerdos en beneficio de la mayoría social".
Uno de los principales argumentos que podrán utilizar sus rivales en estas elecciones para neutralizar su capitalización de la indignación con la vivienda es que los socialistas han gobernado ocho años. Sánchez ya se ha puesto la venda antes de la herida y en su discurso de este lunes ha acusado al PP de "utilizar su poder autonómico y municipal para boicotear políticas buenas", como la ley de vivienda aprobada en la pasada legislatura. En este sentido, también ha hecho referencia al nuevo modelo del sistema de financiación del régimen común, una propuesta que los populares han rechazado y que ahora debía debatirse y votarse en el Congreso: Junts también estaba en contra del proyecto diseñado con Esquerra Republicana porque no habría otorgado a Catalunya un concierto económico como el vasco.
Punto final a una legislatura marcada por la corrupción
Sánchez ha convocado una reunión extraordinaria del Consejo de Ministros para este lunes a las once y media que ordenará la disolución de las Cortes. Pondrá punto final a una legislatura marcada por las dificultades del gobierno de coalición para llegar a grandes acuerdos en un Congreso muy fragmentado. Pero sobre todo, por un mandato caracterizado por la tormenta judicial de los casos de corrupción que afectan al PSOE y la familia del presidente español. Aun así, el socialista había ido afirmando que agotaría la legislatura y que resistiría hasta 2027. No será así.
Después de unos últimos meses con un clima político todavía más adverso —a raíz, sobre todo, de la crisis migratoria en Ceuta que todavía no se ha resuelto, y la estocada por el caso Zapatero, faro moral de Sánchez— una parte de la ciudadanía se ha movilizado en las calles después de la chispa del caso Maricarmen. Aunque todas las encuestas que se han ido publicando últimamente auguran una clara mayoría absoluta de PP y Vox, Sánchez ha concluido que este es el contexto más favorable que han tenido los socialistas y sus socios situados a su izquierda.
Mantiene viva la campaña del miedo a la extrema derecha
De hecho, ahora hace poco más de tres años que Sánchez también detectó una ventana de oportunidad: la victoria incontestable de la suma de PP y Vox en las elecciones municipales y autonómicas de 2023. El presidente español concluyó que podría hacer campaña del miedo de cara al 23-J. Y le funcionó. Consiguió continuar en la Moncloa. Este lunes, Sánchez no ha dejado de lado este discurso. En primer lugar, ha asegurado que estas dos formaciones conforman "la peor oposición que ha conocido nuestra historia democrática".
Ha pedido a los ciudadanos que decidan si desean "sumarse a la ola ultraderechista que involuciona allí donde gobierna" o que el Estado español "continúe siendo un baluarte de apertura y de justicia social". También ha planteado al electorado si prefieren "un gobierno que trabaje por el interés de la mayoría social" o "entregar las riendas del país a una coalición ultraderechista que no ha propuesto nada". Según Sánchez, "el único objetivo" de esta coalición es "derogar y recortar los derechos y las libertades que hemos ido construyendo durante estos últimos ocho años para beneficiar a los de siempre, una minoría privilegiada".