PSOE, Podemos, Ciudadanos y DiL han pedido la comparecencia en el Congreso del ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, en relación con las 1.200 sociedades opacas con titulares españoles abiertas en Panamá, que la Agencia Tributaria analiza ya "en profundidad" por si hubiera alguna irregularidad. Por su parte, el PP ha comunicado mediante la vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea Levy, que "todos los españoles son iguales ante la ley" y ha garantizado que el ministro y la Agencia Tributaria "velarán por luchar contra el fraude".
No lo entiende igual el portavoz de Economía del PSOE en el Congreso, Pedro Saura, quien ha considerado este caso "un escándalo de primera magnitud" y reclama que Montoro informe a la Cámara sobre el número de contribuyentes españoles y el volumen de su capital con sede en Panamá, así como sobre si alguno de ellos se acogió a la amnistía fiscal del PP. En esa misma línia, el responsable de Relaciones Internacionales de Podemos, Pablo Bustinduy, ha pedido además explicaciones al Gobierno sobre su rechazo a la creación de una agencia fiscal internacional, en tanto que el portavoz económico de Ciudadanos en el Congreso, Francisco de la Torre, ha culpado al Ejecutivo del PP y al anterior del PSOE de no haber combatido la existencia de cuentas opacas en Panamá.
Desde Catalunya, el portavoz parlamentario de Democràcia i Llibertat (DiL), Francesc Homs, ha considerado "urgente" que el ministro asuma responsabilidades y ofrezca "luz" sobre el caso, mientras que el portavoz de ERC, Sergi Sabrià, reclama "justicia" ante unos hechos que en su partido causan "mucha indignación, pero pocas sorpresas". En Sevilla, el portavoz de IU-UP en el Congreso, Alberto Garzón, ha exigido una investigación sobre este caso y ha cuestionado la voluntad del PP y el PSOE para acabar con los paraísos fiscales.
Los agentes sociales también se han sumado a la petición de comparecencia de Montoro mediante los líderes de CC.OO. y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Josep Maria Àlvarez, que han coincidido en calificar de "indecente" e "intolerable" que no haya reglas comunes para poner coto a los paraísos fiscales, en tanto que el presidente de la CEOE, Juan Rosell, se ha limitado a recordar que las empresas y los contribuyentes deben cumplir con la legalidad.