El Parlamento Europeo ha comenzado los trámites para retirar la inmunidad parlamentaria a Alvise Pérez, que consiguió escaño en las últimas elecciones europeas, en junio de 2024, como líder del partido Se Acabó la Fiesta. Ante el hemiciclo, la presidenta de la Eurocámara, Roberta Metsola, ha anunciado que las autoridades españolas le habían remitido esta solicitud y que será enviada a la comisión de Asuntos Jurídicos. Esta es quien se tiene que encargar de tramitarla. La semana pasada, el Tribunal Supremo solicitó formalmente al Parlamento Europeo que retirara la inmunidad parlamentaria a Alvise para poder investigarlo por un presunto delito electoral y otro de financiación ilegal. La causa indaga sobre la procedencia de 100.000 euros que el empresario Álvaro Romillo, conocido como CryptoSpain, habría entregado a Alvise antes de las elecciones europeas de 2024. 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que aunque esta causa abierta contra Alvise es la más relevante, no es, ni mucho menos, la única. El Supremo tiene en marcha tres investigaciones más, que hacen referencia a presuntos delitos de acoso y difusión de contenidos falsos: una por haber publicado una PCR manipulada del president de la Generalitat, Salvador Illa, cuando era ministro de Sanidad durante la pandemia de la covid-19; otra por el presunto acoso a la fiscal de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert; y una tercera por el acoso a dos excompañeros de partido, ahora eurodiputados no adscritos, Diego Solier y Nora Junco. Tampoco es la primera vez que el Supremo ha pedido que se retirara la inmunidad parlamentaria al eurodiputado. Ya lo hizo en julio. La decisión final dependerá de la cámara europea.

El origen de la causa

Pero, ¿de dónde surge todo esto? El juez Julián Sánchez Melgar, basa su petición en la denuncia presentada por el empresario CryptoSpain. Él ha afirmado que Alvise le había pedido una aportación económica para financiar de manera encubierta su partido, sin dejar rastro documental ni contable. Según consta en la investigación, el empresario habría entregado 100.000 euros en efectivo a través de un intermediario que, según el magistrado, actuó como “comisionado” del empresario. El dinero, transportado en una mochila y formado por billetes de diferentes valores, habría llegado a manos de Alvise días antes del inicio de la campaña de las elecciones europeas de 2024. El juez sostiene que el acuerdo incluía, presuntamente, la promesa de “influencias y contactos” derivados de la posición del eurodiputado, con el fin de beneficiar los negocios de CryptoSpain. Sin embargo, Alvise ha negado ante el Supremo haber destinado la suma a su campaña electoral y asegura que solo utilizó parte de los fondos —unos 50.000 euros, según su propia declaración— en gastos generales del movimiento político.