El pleno posterior a los nuevos encarcelamientos y la detención de Carles Puigdemont en Alemania ha servido para volver a legitimar los derechos políticos del líder de JxCat, pero también de Jordi Sànchez y Jordi Turull. Amparándose en las dos demandas admitidas a trámite por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, JxCat, ERC y la CUP han resucitado este miércoles sus candidaturas a la investidura. En el caso de Puigdemont, por segunda vez, después de que la cámara reconociera su derecho a ser investido el pasado 1 de marzo.

Las resoluciones han sido aprobadas con los votos a favor de la mayoría independentista, aunque han recibido el apoyo de los comunes en uno de los puntos, como el que "exige al resto de poderes del Estado español el cumplimiento efectivo de las medidas cautelares" de la ONU, y que lo hace extensivo a Puigdemont y Turull. También donde se pedía la liberación de los presos políticos.

La primera propuesta de resolución aprobada gira en torno a Sànchez, e insta al Parlament a "adoptar todas las medidas necesarias" para garantizar sus derechos políticos, incluyendo el derecho a someterse a una investidura, y exige a los poderes del Estado que den "cumplimiento efectivo". La segunda también busca que la cámara se comprometa a garantizar los mismos derechos a Puigdemont y Turull, amparándose en que cumplen los "mismos criterios" que Sànchez. Esta segunda es también la que reclamaba la liberación de los presos políticos.

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Asedio judicial contra el 21-D

En la presentación de la propuesta de resolución, JxCat, ERC y la CUP han denunciado un "asedio judicial" contra los resultados del 21-D, en referencia a las injerencias judiciales a la soberanía del pueblo de Catalunya expresada en las urnas, y han criticado que no se respetan los resultados de las elecciones.

Por parte de JxCat, la diputada Gemma Geis ha defendido los derechos políticos de Puigdemont, ha asegurado que no renunciarán a su investidura y ha defendido los derechos de los otros dos candidatos: Jordi Sànchez y Jordi Turull. "La presidencia de la Generalitat no debe pasar por ninguna toga, sólo por el voto de los catalanes", ha reafirmado la diputada.

"La democracia está suspendida en el Estado español". Así ha seguido la diputada de ERC Anna Caula, que ha asegurado que "estamos aquí para denunciar un asedio judicial". En este sentido, Caula ha denunciado que el poder judicial español intente interferir en los resultados de las elecciones del 21-D y ha considerado que "en el terreno de juego, el árbitro es el más arbitrario", en referencia a la actitud del juez Pablo Llarena.

La CUP exige investir a Puigdemont

Por otra parte, el diputado de la CUP Carles Riera ha denunciado que el Estado español "ha secuestrado la soberanía del pueblo y del Parlament", pero también ha criticado que la mayoría independentista y el presidente del Parlament, Roger Torrent, hayan acatado las resoluciones del juez, proponiendo y retirando candidaturas a la presidencia de la Generalitat.

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Sin embargo, Riera ha celebrado que JxCat haya solicitado este miércoles la delegación de voto a distancia del presidente Carles Puigdemont -petición que la Mesa considerará la semana que viene- y, en este sentido, ha pedido un pleno para investir a Puigdemont y recuperar la República. También se ha ofrecido a asumir las responsabilidades y las consecuencias que hagan falta para hacerlo posible. "El pacto con el Estado sólo tiene un nombre: rendición", ha afirmado.

Cs y PP, ásperos

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ni siquiera se ha movido de su escaño para hacer una intervención que ha sido más breve que el resto, y también más áspera que el resto. Ha querido advertir al hemiciclo que estaba a punto de hacer una "barbaridad" en la votación de un punto determinado, de la que no han participado. "Ustedes pretenden votar quien puede salir de prisión", ha denunciado. "¿Qué será lo siguiente que votarán? ¿Quién debe entrar en prisión?", ha preguntado. Arrimadas ha afirmado que "la ONU no ha dado la razón al señor Sànchez". También ha negado que España sea un Estado "autoritario y dictatorial", y lo ha hecho amparándose en los pronunciamientos de las instituciones internacionales.

La misma dureza ha utilizado el portavoz del subgrupo del PP, Xavier Garcia Albiol, que ha denunciado que "las mociones y el pleno en general tienen dos claros motivos: seguir instalados en este desafío al Estado de derecho y satisfacer a los radicales que están sembrando el conflicto en diferentes puntos de Catalunya". En este sentido, Albiol ha querido desmentir que haya presos políticos. "El señor Jordi Sànchez está en la prisión para asaltar un coche de la Guardia Civil", ha argumentado.

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PSC y comunes, conciliadores

En este contexto, el discurso del PSC ha quedado a mucha distancia. El portavoz adjunto Ferran Pedret ha empatizado con el sufrimiento de los presos y ha defendido que también los quieren en libertad. No obstante, ha querido matizar que la ONU sólo ha hecho unas "recomendaciones de carácter general". Y ha advertido que "una institución como el Parlament que forma parte del poder legislativo no puede dirigirse al poder judicial para decirle lo que debe hacer".

Los comunes han dado un paso más allá. En este sentido, Xavier Domènech ha propuesto un Govern alternativo, amplio y transversal, con personalidades independientes y un mandato limitado, si los independentistas no son capaces de ponerse de acuerdo. "Demos todos un paso atrás para hacer uno adelante, un paso atrás del poder y del partido para dar un paso adelante como país," ha asegurado. Han votado a favor del punto de la resolución independentista que pide la liberación de los presos.

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