El Parlament ha advertido al Tribunal Constitucional de la amenaza de "violentar de forma extraordinaria" los principios en que se asienta el funcionamiento de la cámara, que puede tener "efectos muy graves". Estos argumentos forman parte de las alegaciones que esta mañana se han hecho llegar al Tribunal en defensa de la aprobación en el pleno de las conclusiones de la comisión de estudio del Procés Constituent.

El documento, cuya presentación se aprobó ayer por unanimidad en la Mesa del Parlament aunque C's y PSC expresaron reticencias con el contenido, señala que las medidas que plantea el incidente de ejecución de la sentencia del Abogado del Estado, en el sentido de que no se pueden impulsar actuaciones que den cumplimiento a la declaración de desconexión del 9-N, "pueden tener efectos muy graves" para el ejercicio de las funciones institucionales de la cámara.

"Podrían llegar a suponer la desnaturalización de la misma esencia del parlamentarismo y un efecto demoledor sobre el principio democrático que representa y expresa el Parlament", advierte.

Debate sin límites

Las alegaciones de la cámara catalana recuerdan que la Constitución "no prohíbe ni establece límites al debate político", especialmente en sede parlamentaria y "ampara el derecho a promover y defender cualquier idea política" aunque no encaje con los postulados constitucionales.

La cámara catalana ve tras la petición de las medidas que reclama el Abogado del Estado "una voluntad de poner bajo tutela el derecho de iniciativa parlamentaria y el propio funcionamiento de los órganos del Parlament" y denuncia una ruptura del "principio de seguridad jurídica" al plantearlas de manera "genérica e indeterminada".

Cautela

Con todo ello, concluye que hay una "imposibilidad constitucional" de adoptar las medidas en los términos que plantea el Abogado del Estado.

El texto, que recuerda que el TC valora adoptar medidas coercitivas a partir de la reforma de su ley orgánica que incluye esta posibilidad y que está recurrida, aconseja al Tribunal que sea "especialmente cauto" para evitar contradicciones con una futura sentencia.

Forcadell

Asimismo, por lo que respecta a la presidenta, Carme Forcadell, destaca que no podía desatender la petición de los grupos parlamentarios de someter a votación las conclusiones de la comisión y que actuó obligada por la aplicación del reglamento, además de recordar, que, según el Estatut, "los miembros del Parlament son inviolables por los votos y las opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo".

Libertad de expresión

Después de apelar a la legislación española y a jurisprudencia internacional, señala que "las cámaras parlamentarias, foro principal de expresión de los representantes de los ciudadanos, tienen que disfrutar de los más amplios márgenes de tolerancia por lo que respeta a la libertad de expresión, de acuerdo con su función institucional".

Finalmente, los letrados destacan la trascendencia de que el Gobierno español haya invocado el artículo 161.2 que le traslada el "poder de suspensión" de resoluciones adoptados por el Parlament, pero recuerdan que es el TC a quien corresponde ratificarlo.

Ante estas argumentaciones, la cámara reclama que el TC desestime el incidente de ejecución y los requerimientos así como las advertencias a la presidenta y miembros de la Mesa, además de dejar sin efecto la suspensión de la resolución provocada por la invocación del artículo 161.2 de la Constitución.