El Parlament ha aprobado este jueves pedir que se investigue judicialmente las posibles responsabilidades penales del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy; la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, y al exministro del Interior Jorge Fernández por la denominada 'Operación Catalunya'.

El pleno de este jueves ha aprobado el dictamen de la comisión de investigación sobre la 'Operación Catalunya', con los votos a favor de JxSí, la CUP y CSQP, la abstención de PSC y Cs, y el voto en contra del PP.

El dictamen insta al Govern a usar todos sus medios técnicos para llevar a instancias judiciales las supuestas irregularidades, y concluye que la 'Operación Catalunya' es "una conspiración para intentar frenar la disidencia política en Catalunya, particularmente el movimiento independentista, conspiración que se ha llevado a cabo, al menos, durante los años en que Jorge Fernández ha sido ministro de Interior".

Críticas al unionismo

En su intervención en el pleno, la presidenta de la comisión, Alba Vergés (JxSí), ha considerado que se trata de "hechos gravísimos que atentan contra la esencia de la democracia", que no son propios de un estado de derecho, y además ha agradecido a las personas que han comparecido y ha lamentado el boicot de muchos de los citados, entre ellos Rajoy, Santamaría y el ministro.

Sobre la ausencia en los trabajos de la comisión de PSC, no formó parte desde un principio, y de PP y Cs, que la abandonaron, ha afirmado que "la obligación de los diputados es asistir y trabajar, escribir las conclusiones y que se puedan debatir en comisión y pleno".

El diputado de JxSí Lluís Guinó ha subrayado que en la comisión se ha comprobado que el Estado "tenía concentrado un ámbito policial en medio de aguas podridas" y que ha intentado ensuciar y perjudicar a personas y partidos con ideas diferentes y que se han usado fondos reservados.

Desde las filas de la CUP, la diputada Mireia Boya ha afirmado que existió una brigada política policial y una estructura de estado paralela para lanzar "mierda prefabricada por la Moncloa" para evitar que la gente vote, y ha avisado de que estas confabulaciones les reafirman en su voluntad de ser independientes.

Albano-Dante Fachin (CSQP) ha criticado unos hechos gravísimos pero ha puntualizado que "no es solo el Estado español: se debe denunciar con la misma contundencia venga de donde venga" ya que, en sus palabras, ante la barbarie de las cloacas no cabe equidistancia.

La oposición

La diputada del PP Esperanza García ha tachado a JxSí y la CUP de estar en el "delirio permanente" de imaginar enemigos y les ha reprochado haber hecho del Parlament un teatro en el que decidieron que las opiniones serían hechos probados.

Les ha acusado de crear tribunales inquisitoriales contra el Govern y ha lamentado que sus ganas de construir un relato hayan superado las ganas de hallar la verdad: "¿Qué harían ustedes sin su enemigo exterior, sin tener a quien echar la culpa?".

Matías Alonso, de Cs, ha afirmado que "seguramente haya responsables políticos que creen que pueden usar los instrumentos del Estado para beneficio político" pero que también hay 'cloacas' en Catalunya, y ha valorado que la comisión ha sido instrumental, para afianzar la tesis de que el Gobierno ataca a Catalunya.

El diputado del PSC —que no participó en la comisión— Jordi Terrades ha explicado que, pese a no estar presentes, su partido ha constatado que "desde la cúpula de Ministerio se creó una estructura policial destinada a obstaculizar escándalos de altos dirigentes del PP y a perseguir adversarios políticos".

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