El Parlament de Catalunya ha aprobado instar al Govern a introducir cláusulas lingüísticas obligatorias en todas las líneas de subvenciones, ayudas e instrumentos de fomento económico de la Generalitat, así como en el conjunto de contratos públicos, con el horizonte fijado antes de que termine el 2027. La iniciativa se ha validado en el marco del pleno a partir de un punto de una moción presentada por la CUP sobre derechos lingüísticos, que ha prosperado con los votos favorables de Junts, ERC, los Comuns y Aliança Catalana. El PSC se ha abstenido, mientras que PPC y Vox han votado en contra.
La propuesta se enmarca en un conjunto más amplio de medidas orientadas a reforzar la presencia y el uso del catalán en todos los ámbitos sociales y económicos. En este sentido, la cámara también ha dado luz verde a otro punto de la misma moción que reclama que el Govern apruebe en un plazo máximo de seis meses una estrategia integral para garantizar el acceso universal al catalán. El objetivo es asegurar que cualquier persona residente en Catalunya tenga la posibilidad real de aprender la lengua, independientemente de su situación u origen. Esta estrategia deberá incluir medidas concretas para eliminar las listas de espera existentes en el acceso a los cursos de catalán y garantizar una oferta formativa suficiente y adecuada a la demanda. Además, se prevé que las empresas, entidades y organismos que presten servicios públicos o que reciban financiación pública estén obligados a acreditar la capacitación lingüística de su personal, con el fin de asegurar la atención en catalán a los ciudadanos.
El texto aprobado también pone énfasis en la necesidad de integrar la formación lingüística dentro de las obligaciones formativas de las empresas. En esta línea, se plantea reforzar el papel de las políticas públicas para facilitar el aprendizaje del catalán en el entorno laboral y fomentar que los trabajadores puedan desarrollar su actividad profesional en esta lengua. Asimismo, se propone establecer un sistema público de apoyo y cofinanciación de la formación lingüística que vincule la concesión de ayudas públicas a la participación efectiva de los trabajadores en programas formativos.
En el ámbito educativo, el Parlament ha reclamado que a partir del curso 2026-2027 todos los centros educativos públicos dispongan de un presupuesto específico destinado a la política lingüística, con una dotación mínima por alumno que permita desplegar medidas efectivas. Paralelamente, se insta al Govern a adoptar acciones normativas, administrativas y de apoyo a los centros para garantizar el catalán como lengua vehicular del sistema educativo. Finalmente, en el terreno cultural, comunicativo y audiovisual, la moción defiende la necesidad de avanzar hacia la construcción de un espacio audiovisual compartido entre los territorios de habla catalana, con el objetivo de reforzar la producción y la difusión de contenidos en catalán. Sin embargo, el pleno ha rechazado incluir la creación de un centro público de producción y distribución audiovisual en catalán antes de finales de 2027, una de las propuestas que no ha conseguido el apoyo necesario para prosperar.