Continúa la batalla política en los tribunales entre Catalunya y el Estado. Esta vez, la noticia no es que el Gobierno impugna una ley catalana, sino a la inversa. El Parlament ha convenido este miércoles recurrir al Tribunal Constitucional el decreto contra "la república digital catalana", que se ha bautizado internamente como "el 155 digital". La iniciativa ha contado con el aval de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana, los comunes y la CUP. El PSC se ha abstenido y PP y Cs han votado en contra.
La motivación del recurso es que la normativa española, promovida por el gobierno en funciones de Pedro Sánchez, vulnera competencias de la Generalitat y contraviene la Constitución, tal como manifestó en un informe el Consejo de Garantías Estatutarias, que advirtió que se trata de una ley "susceptible de producir injerencias en el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas". Al mismo tiempo, se cuestiona la urgencia que alegó la Moncloa para tramitar la medida.
Uno de los aspectos más destacados y polémicos que contempla el decreto digital es que todas las administraciones dependientes del Estado, es decir incluida la Generalitat de Catalunya, tienen la obligación de utilizar servidores que estén ubicados en Europa. En su día, Sánchez justificó la medida para combatir las intenciones del gobierno catalán de trabajar con "paraísos digitales" para impulsar la "república digital", en la línea de lo que ya se hizo para sortear los obstáculos que el Estado quiso poner para impedir el 1-O.
Este martes, la Generalitat formalizó ya un recurso al Tribunal Constitucional contra lo que considera un "decretazo" digital".