El Parlament ha rechazado este jueves una propuesta del PP para reformar el "marco de gestión" del padrón con el objetivo de incorporar la "lucha contra el fraude" y el concepto de "prioridad nacional". Un punto de una moción de los populares —enmendado por Vox— pedía este cambio, pero no ha prosperado después de recibir el voto en contra del PSC, ERC, los Comuns y la CUP, mientras que Junts ha optado por la abstención. La moción planteaba modificar los criterios de acceso a la vivienda pública para que se priorizara la ciudadanía con un "arraigo real, duradero y verificable", así como impulsar cambios en la normativa sobre prestaciones públicas para reforzar la preferencia de las personas con "residencia efectiva y un arraigo legal". Ninguno de estos puntos, sin embargo, ha conseguido el apoyo suficiente de la cámara, a pesar de los votos a favor del PP, Vox y Aliança Catalana.
La intención de los populares era derogar el Decálogo para garantizar el derecho al empadronamiento en Catalunya e instar el Govern a "desligarse" del Pacto por el Padrón. Según el PP, ambos documentos promueven "un modelo de empadronamiento basado en fórmulas que amparan ilegalidades" y, por eso, defendían la necesidad de sustituirlos por un nuevo sistema. Como alternativa, la formación proponía que la Generalitat elaborara en un plazo de seis meses un nuevo "marco de gestión padronal y verificación de la residencia efectiva", que debía fundamentarse en los principios de legalidad, residencia "efectiva", "veracidad registral", "lucha contra el fraude" y "prioridad nacional". El texto también establecía que estos criterios debían servir para dar preferencia a las personas con un arraigo "real, estable y verificable".
Entre las medidas que tampoco han prosperado estaba la voluntad del PP de dar más capacidad de actuación a los ayuntamientos en la gestión del padrón. La propuesta planteaba habilitar a los consistorios para que pudieran llevar a cabo "comprobaciones documentales, administrativas y presenciales" cuando existieran "indicios objetivos" de falsedad documental, sobreocupación de viviendas, duplicidad de empadronamientos o un uso instrumental del domicilio. Asimismo, los populares pedían que el Govern estableciera la posibilidad de limitar nuevas altas padronales en aquellos casos en que no se acreditara un "título legítimo" que justificara el uso del inmueble o bien hubiera indicios de "actuaciones contrarias al ordenamiento jurídico".
"Que ningún empadronamiento fraudulento pueda generar derechos"
La iniciativa, defendida por el diputado del PP Cristian Escribano, también planteaba modificar los criterios de acceso a la tarjeta sanitaria individual para que “ningún empadronamiento fraudulento pueda generar derechos”. Además, proponía que la Generalitat rescindiera cualquier subvención o convenio con las asociaciones que, según el texto, “asesoren, faciliten o colaboren en el empadronamiento ficticio”.