Alberto González Amador eleva el diapasón en su ofensiva judicial contra el fiscal general del Estado por presunta revelación de secretos. Hace una semana, el Tribunal Supremo envió a juicio a Álvaro García Ortiz por haber filtrado supuestamente el correo en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso reconocía que había cometido dos delitos fiscales. Asimismo, el juez le impuso una fianza de 150.000 euros para asegurar responsabilidades pecuniarias y le dio cinco días para presentarla. Fuentes de la Fiscalía denunciaron que era una cifra “intimidatoria” para cualquier fiscal. Sin embargo, Alberto González Amador considera que no es suficiente y ha presentado un recurso de reforma solicitando al juez que la doble (como mínimo). “Los daños morales padecidos por él y su entorno familiar directo como consecuencia de los hechos delictivos se actualizan diariamente y no pueden ser valorados en un importe inferior a 300.000 euros”, argumenta en un escrito al que ha tenido acceso ElNacional.cat. “Las lesiones procesales y los daños extraprocesales personales, familiares, profesionales y empresariales son continuos durante ya más de 550 días”, añade.
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Y no se queda aquí: “Jamás ha existido en nuestro sistema jurídico y constitucional una vulneración de los derechos fundamentales de un ciudadano tan intensa, lesiva y significativa derivada del comportamiento del entonces fiscal general del Estado”, razona el recurso, que recalca que la “lesión” es “continuada y actualizada diariamente con la intensidad propia del relato político que persigue desde su origen”. Asimismo, asegura que “no ha existido día desde el 14 de marzo de 2024 en que algún personaje político o periodístico no denomine a través de los medios de comunicación a Alberto González Amador como delincuente confeso o defraudador confeso” y denuncia que esto es la “consecuencia directa” de los “hechos delictivos protagonizados” por Álvaro García Ortiz y de su “voluntad de generar un relato político transformando en delictiva la función constitucional” de fiscal general del Estado a costa de los “derechos fundamentales y legales” de Alberto González Amador.
El juez fijó una fianza de 150.000 euros
En el auto de apertura de juicio oral, el juez Ángel Hurtado fijó una fianza de 150.000 euros atendiéndose a varios criterios. Alberto González Amador pidió una indemnización por perjuicios morales de 300.000 euros, que se podría tener que sumar a los “incrementos por intereses morales y procesales”. El instructor esgrimió que, “sin perjuicio de las dificultades que entraña compensar en metálico un daño moral, que en el caso no es poco”, la cantidad solicitada por él era “excesiva”. Tuvo en cuenta el “alcance de otras responsabilidades pecuniarias que pudieran derivarse”, como costas, la multa prevista para el delito de revelación de secretos o el hecho que la Ley de Enjuiciamiento Criminal estipula que la cantidad de la fianza “no podrá bajar de la tercera parte más de todo el importe probable de las responsabilidades pecuniaria” (un 133%). “En una valoración de conjunto de todos los anteriores conceptos, a los efectos de asegurar la totalidad de las responsabilidades pecuniarias, se fija una fianza en la cantidad de 150.000 euros”, concluyó.
Ahora, el recurso de Alberto González Amador replica que es “absurdo” considerar que esta cantidad puede incluir la posible multa, la indemnización, los intereses moratorios, los intereses procesales y las costas procesales (de abogados, peritos y testigos). “El error material consistente en la inclusión de la referencia a la consideración de la multa contemplada para el delito de revelación de secretos para la fijación de la fianza, cuando resulta hasta matemáticamente evidente que no ha sido así, debe ser corregido y subsanarse”, arguye.
“Daños irreparables” y “lesiones irreversibles”
El escrito de acusación que la pareja de Isabel Díaz Ayuso presentó en junio era muy crítico con la actuación del fiscal general del Estado. “Resulta imposible concebir una actuación de mayor apartamiento de sus deberes constitucionales y legales de secreto, reserva y sigilo”, denunciaba. El documento, al que accedió ElNacional.cat, aseguraba que si Alberto González Amador hubiera mantenido una relación sentimental con cualquier otra persona “jamás se habrían producido los hechos delictivos” y lamentaba que había sufrido un “continuado e incesante daño” en su “intimidad, presunción de inocencia, derecho de defensa y honor” de “imposible restitución”.
Asimismo, subrayaba que, por culpa de la actuación del fiscal general del Estado, es “imposible” que haya ningún “proceso justo” porque se ha “extraído de raíz y ex ante los elementos esenciales que hacen que no pueda darse con todas las garantías”. “Todo ello de forma irremediable e irreversible y con una intensidad jamás vista en nuestro sistema judicial”, insistía. Así pues, alegaba que esta actuación le ha generado “daños irreparables sobre todo aquello que, con esfuerzo, se construye durante años” y le ha conllevado “padecimientos personales, profesionales, empresariales y familiares” y “lesiones procesales irreversibles”.