El presidente de Extremadura y uno de los principales barones del PSOE, Emiliano García-Page, ha defendido las nuevas peticiones de la Fiscalía sobre el 1-O con el argumento de que "se trata de que Puigdemont vuelva a España, pero no con las manos en el bolsillo". García-Page se ha mostrado satisfecho con la reacción de la Fiscalía de hablar de malversación agravada, a pesar de los acuerdos que existían entre el Gobierno y ERC, y ha advertido que "claramente uno se tiene que autoengañar mucho para no saber que lo que hicieron los independentistas fue una subversión de la orden constitucional y eso no tiene vuelta de hoja". "Una vez se han roto las normas es necesaria una reacción judicial", ha añadido.

El presidente extremeño ha reaccionado de esta manera cuando le han preguntado en un acto en Casarrubios del Monte (Toledo) por el decreto que ha emitido el Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, que fija criterio en las revisiones de casos que se realicen a raíz de la revisión del Código Penal que modificó el delito de malversación, pactada entre socialistas y republicanos, y ha valorado positivamente que a su entender "ha establecido idénticas penas de prisión e inhabilitación". Según Page, el lucro de la malversación "no solo se mide en euros en la cuenta corriente de un banco, ni en criptomonedas", porque el lucro "es todo beneficio que signifique un enriquecimiento usando además medios y presupuestos para un fin claramente ilegal".

"Miren, lo que hicieron los independentistas lo hicieron a conciencia, porque estaban avisados de que era manifiestamente inconstitucional y manifiestamente ilegal, y lo hicieron con clara intención de saltarse las leyes. Y eso no tiene vuelta de hoja", ha apuntado. Ha insistido en que todo diálogo está limitado por la Constitución española. "Soy partidario de que exista diálogo institucional, soluciones para todo el mundo. Yo entiendo que la realidad de Catalunya necesita una explicación y una singularidad diferente de la de Castilla-La Mancha, pero, claro está, la norma que rige este tema es la misma que con la que yo soy presidente, la Constitución española. Hay que hablar dentro de la Constitución, pero siempre cumpliendo la Constitución y las leyes", ha concluido.

El fiscal general del Estado ha dictado este miércoles el decreto para unificar criterios de actuación después de la reforma de los delitos de malversación por la Ley orgánica 14/2022. En el decreto, el fiscal general afirma que se puede acusar de malversación agravada a los acusados de desvío de dinero público y sin que haya ánimo de lucro o enriquecimiento personal. Es decir, la Fiscalía General del Estado (FGE) comparte el criterio del juez Pablo Llarena y los fiscales del Supremo, que apuestan por acusar a los líderes del 1-O de malversación agravada, lo que puede implicar penas de hasta 12 años de prisión.