El gobierno manchego de Emiliano García-Page ha acordado este martes recurrir ante el Tribunal Constitucional el decreto ley del ejecutivo español para repartir menores inmigrantes que se encuentran en las Islas Canarias al resto de comunidades autónomas. El gobierno socialista se ha sumado de esta manera a las comunidades autónomas del PP, con la excusa de "falta de financiación". Se trata del reparto, precisamente, que tiene en cuenta el esfuerzo previo que ha realizado históricamente Catalunya —el territorio más acogedor de este tipo de menores— y que en este decreto se situaba en la cola de autonomías para que fuera compensada en la nueva reubicación.

La portavoz del ejecutivo manchego, Esther Padilla, ha señalado este martes que las autonomías necesitan recursos para asumir la tutela de menores y ha lamentado que este decreto "venga además sin compensación económica". Lo cierto, sin embargo, es que el Gobierno prevé invertir 100 millones de euros para ayudar a las comunidades autónomas a acoger a estos menores, pero todavía hay que cerrar los detalles de la operación. La consejera del gobierno de Page, sin embargo, ha reivindicado que "la solidaridad no entiende de límites geográficos y menos cuando estamos hablando de niños y niñas", en referencia al hecho de que esta vez Catalunya sería la comunidad que menos menores absorbería, obviando que es el territorio que históricamente ha sido más acogedor.

A mediados del pasado mes de abril, el Congreso de los Diputados convalidó el decreto ley pactado entre el Gobierno y Junts para poder reubicar urgentemente a los 4.400 menores migrantes que se encuentran amontonados en las Islas Canarias y Ceuta. La clave del acuerdo entre socialistas e independentistas es que en esta reubicación se tendrá en cuenta el esfuerzo previo que ha hecho cada comunidad autónoma. Es decir, se compensará la hospitalidad que Catalunya ha dado a estos niños y niñas en los últimos años y se convertirá en la autonomía que esta vez absorberá menos; esta vez tendrán que ser Madrid y Andalucía los territorios que hagan los deberes.

El texto reforma el artículo 35 de la ley de extranjería: se articula un mecanismo permanente de reubicación de los jóvenes que han migrado solamente desde zonas de llegada cuando sus recursos de acogimiento lleguen al 300% de su capacidad. La modificación establece que cualquier reparto tendrá que ser aprobado a partir de ahora de forma unánime en la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud, compuesta por el Gobierno y por representantes de cada una de las autonomías. Si no se llega a ningún acuerdo, se establecen los siguientes criterios, con sus respectivas ponderaciones, para hacer los repartos: población (50%), renta per cápita (13%), tasa de paro (15%), esfuerzo anterior (6%), dimensionado estructural del sistema de plazas (10%), ciudad fronteriza (2%), insularidad (2%) y dispersión (2%).

Es lo que pasó en la Conferencia Sectorial de Infancia y Juventud celebrada el pasado mes de mayo, que fue infructífera. No hubo ningún acuerdo. Ahora este reparto se encuentra atascado. Porque hay comunidades autónomas que no han entregado correctamente los datos de menores que acogen actualmente; sobre todo Aragón, que se ha negado a entregar datos y eso ha provocado que el Gobierno haya llevado a esta autonomía ante el Constitucional.