La exvicepresidenta del Govern de la Generalitat Joana Ortega ha declarado ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya que fue el cuerpo de voluntarios, formado por más de 42.000 personas, el que "ejecutó" y fue "el alma" del proceso participativo del 9-N.

"Ningún funcionario de la Generalitat estuvo implicado en la ejecución del 9-N", ha respondido tajantemente Ortega a preguntas de su abogado defensor, Rafael Entrena. La votación fue posible, ha insistido Ortega, gracias a un "colectivo de voluntarios muy bien organizado". 

Ortega ha diferenciado entre la implicación del Govern, y, en concreto, del departamento que ella dirigía, en los preparativos de la consulta no referendaria convocada por Mas el 27 de septiembre y que fue suspendida por el Tribunal Constitucional y el "proceso participativo" que la sustituyó y se llevó a cabo el 9-N del 2014, por el cual se le acusa a ella, al expresident de la Generalitat y a la exconsellera Rigau de sendos delitos de desobediencia y prevaricación.

Diseño, organización y planificación

Ortega ha precisado que como vicepresidenta y consellera de Governació y Relacions Institucionals tenía plenas competencias en materia de participación ciudadana, procesos participativos y calidad democrática. Y que, en virtud de ello, recibió el encargo del president Mas y asumió la "máxima responsabilidad" en cuanto al "diseño, organización y planificación del dispositivo" de la consulta. Una vez esta quedó suspendida por el TC a instancias del gobierno central, Ortega asegura que dejó "sin efecto" todos los actos administrativos a ella vinculados.

Por el contrario, el proceso participativo ideado por Mas como alternativa a la consulta suspendida requirió un cambio de planteamiento y respondió a una naturaleza "muy diferente". Así, si aquella se amparó en la ley de consultas no referendarias suspendida por el TC, el proceso participativo se acogió al título II de la Ley 10/2014 que regulaba estos procesos participativos y que estaba plenamente vigente -la conocida como "ley de consultas del tripartito"-. Por eso, ha detallado Ortega, no había en este caso ningún censo o registro de población -las personas que participaron se inscribieron de manera voluntaria- ni el Govern usó "ningún dato protegido". Tampoco había ningún órgano administrativo de control.

Nada que parar

La exvicepresidenta ha aclarado que su departamento intervino, pues, en el "diseño inicial, la planificación y la organización del proceso participativo" pero su "ejecución" fue obra de los voluntarios. El 4 de noviembre, cuando una providencia del TC suspendió también la consulta alternativa, "todo el trabajo estaba terminado por nuestra parte". "No había nada a parar", ha remarcado. Ortega ha respondido que fueron los voluntarios los que abrieron los 1.317 locales de votación, los que se encargaron de los ordenadores, los que contaron los votos o controlaron las colas de gente. 

También ha remarcado que los contratos a organismos como el CIRE y el CTTI -que gestiona el sistema informático y de telecomunicaciones de la Generalitat- eran previos a la celebración de la consulta. Del mismo modo, Ortega ha considerado un "ejercicio de responsabilidad" que se contratase una póliza de seguro para cubrir riesgos a los voluntarios y ha asegurado que a partir del 31 de octubre no se introdujo ningún contenido más en la web Participa 2014, habilitada para informar sobre el proceso participativo.

En cuanto a la rueda de prensa que protagonizó con el president Mas en Montjuïc para dar cuenta del resultado de la votación, en la cual participaron más de 2,3 millones de personas, Ortega, después de remarcar el caràcter histórico de la jornada del 9-N, ha declarado al tribunal: "Entendí que por el hecho de informar no cometía ningún delito".