Nuevos datos en la operación Lezo. La Audiencia Nacional investiga ahora una supuesta nueva vía de financiación ilegal del PP de Madrid porque el juez sospecha que el partido habría obtenido unos 16 millones y medio euros de un plan de inversiones del gobierno de la comunidad hace diez años, un dinero que supuestamente pertenecía a un programa que aporta ayudas a los municipios de Madrid para hacer inversiones.

Así lo publica hoy El País, que añade que el juez Eloy Velasco quiere incorporar el plan a la pieza secreta que analiza esta presunta financiación irregular durante la etapa de Francisco Granados como secretario general y Esperanza Aguirre como presidenta.

El expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González habría hablado en una grabación sobre la primera compra irregular que hizo el Canal Isabell II en Sudamèrica y lo definió como un "pelotazo". También cargó contra la actual presidenta madrileña Cristina Cifuentes, "de quien" soltó que "esta gilipollas no tapa nada, mientras que yo tuve que arreglar aquello de 2001", cuando se adquirió la empresa brasileña Emissao Engenharia e Construçao por un valor seis veces más alto que el real, según las fuentes judiciales.

Numerosas propiedades

También La Razón ofrece nuevos datos sobre la operación, poniendo encima de la mesa que esta trama tenía 91 fincas, 23 coches de lujo, 21 productos bancarios y dos cajas de seguridad. Entre otros, González y su mujer tenían 7 fincas y bienes inmuebles, aparte de coches y otros productos bancarios. La mayoría de los titulares eran personas físicas, pero también había sociedades como propietarias que ahora se encuentran bajo control judicial.

Estas nuevas informaciones implican parte de la familia de González, como su hija o su hermano, aparte de su mujer. Él está en prisión desde el viernes ya que el juez considera que González, junto con los otros 12 detenidos habría desviado de las arcas públicas 23 millones de euros a través de operaciones de la empresa y de sus filiales en Latinoamérica.

Precisamente por eso, el gobierno de la Comunidad de Madrid ha anunciado que se personará como acusación particular en este caso.

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