La Fiscalía Anticorrupción ha resucitado el caso del 3% a pocos días del inicio en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) del juicio contra el ex presidente de la Generalitat Artur Mas para la consulta del 9-N. Hasta 18 detenciones, entre ellas las de varios responsables de la cúpula de la antigua Convergencia, se han llegado a producir en el marco de la llamada Operación Pika, en la que han participado más de 200 miembros de la Guardia Civil . Hacía un año y medio que no se habían producido nuevas actuaciones judiciales relacionadas con la presunta financiación ilegal de la antigua Convergencia.

 La Fiscalía Anticorrupción atribuye a los detenidos los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación, financiación ilegal de partidos políticos, blanqueo de capitales y malversación de fondos públicos. Las detenciones las ha ordenadas la Fiscalía General del Estado, aunque el juez número 1 de El Vendrell no había ordenado ninguna detención, con el argumento de que no se destruyeran pruebas y estudiar si se piden medidas cautelares. 

Entre los detenidos a lo largo de una confusa jornadas hay Sixte Cambra, presidente del Puerto de Barcelona, ​​Antoni Vives, ex teniente de alcalde de CiU en Barcelona, ​​Francisco Sánchez, ex secretario de régimen interno de CDC y Andreu Viloca, extesorero convergente. También han sido detenidos el director de BIMSA, Ángel Sánchez, y el director técnico de infraestructuras de la misma entidad, Ernest Santolaria. Después de más de 12 horas de registro en el puerto ha quedado en libertad Sixte Cambra, que ha negado toda irregularidad y atribuyó intencionalidad política a la operación.

La Guardia Civil ha detenido al extesorero de la antigua CDC Andreu Viloca en el marco de la operación que está llevando a cabo este jueves contra una presunta financiación irregular de la formación. Viloca ya fue arrestado el 21 de octubre de 2015 en el marco de la operación Petrum III e ingresó en la prisión hasta el 11 de noviembre del mismo año. En octubre de 2015, el juez imputó a Viloca los delitos de prevaricación, blanqueo de capitales continuado, financiación ilegal de partidos, soborno, tráfico de influencias y alteración de precios públicos y subastas.

La operación de hoy la dirige el fiscal anticorrupción, Fernando Bermejo, y cuelga de la investigación del juez de instrucción número 1 del Vendrell que investiga presuntos delitos contra la administración pública, con el cobro de comisiones a cambio de adjudicaciones de obra pública.

Sobornos, escuchas telefónicas y contratación en dedo

La Fiscalía Anticorrupción dibuja una supuesta organización con "concursos amañados" y "controlados". En el epicentro de la red estaría el ex tesorero de la antigua CDC Andreu Viloca que, según la Fiscalía "llevaba un control exhaustivo de todas las licitaciones y adjudicaciones de obra pública y de concursos ofrecidos por diferentes administraciones bajo la esfera de poder de CDC". El Ministerio público asegura que Viloca "es quien controlaba de forma sistemática los pagos públicos".

La operación de hoy tiene su origen en una denuncia de los concejales de Torredembarra en la adjudicación de la obra del párquing público Parking Filtradors que derivó en registros en la mercatil Teyco, donde se encontraron indicios de unos presuntos sobornos al alcalde del municipio y a CDC a través de "donaciones" a la fundación CatDem.

La Fiscalía habla de una especie de mancha de aceite que se va extendiendo a otros municipios como Figueres, Sant Celoni Sant Cugat y Lloret de Mar.

Después de aquella primera fase la policía pincha teléfonos de algunos empresarios presuntamente implicados y cruza los datos que va obteniendo del material requisado en casa de Andreu Viloca en 2015, cuando se lo detuvo.

El 27 de enero pasado la Fiscalía Anticorrupción presenta su informe al juez donde describe cómo se arreglaron los concursos públicos con una metodología propia para hacer ver que eran legales, con reuniones previas y donaciones a CatDem.

Los registros

Se han hecho 24 registros simultáneos en domicilios, empresas e instituciones públicas.

Durante toda la mañana la Guardia Civil ha estado en la sede de la Autoridad Portuaria en presencia del presidente del Port de Barcelona, Sixte Cambra. Está detenido y, según fuentes policiales, todavía no se sabe si lo dejarán en libertad cuando acabe el registro o lo llevarán a la Comandancia de la Guardia Civil de Tarragona. El fiscal anticorrupción, Fernando Bermejo, ha supervisado el registro en el Port y ahora está en la sede de Infraestructures.cat. La Guardia Civil todavía no ha sacado las cajas con la documentación y el material requisado. Siguen trabajando dentro de las oficinas de la Autoridad Portuaria.

La policía ha llegado a las 9'30h y ha pedido dos expedientes. Según un comunicado de El Port, el presidente, Sixte Cambra, "está colaborando con las diligencias judiciales y está facilitando toda la documentación requerida". En el mismo comunicado el Port de Barcelona dice que "tiene la certeza de que todos los procedimientos y expedientes de licitación se han hecho siempre de acuerdo con la legislación vigente y han sido sometidos a todos los requerimientos técnicos y jurídicos".

También se han registrado las sedes de BIMSA (Barcelona d'Infraestructures Municipales S. A.), Infraestructures.cat y en las oficinas de la Constructora COMSA. En esta oficina la policía busca los contratos de obras del Port y la plaza de les Glòries, dos de las operaciones investigadas.

Se han hecho entradas a domicilios, entidades mercantiles y despachos profesionales de doce localidades: Barcelona, Sant Boi de Llobregat, Rubí, L'Hospitalet de Llobregat, Manresa, Lleida, Madrid, El Prat de Llobregat, Sant Feliu de Llobregat, Girona, Berga y Majadahonda (Madrid).

En Lleida se está registrando la constructora Benito Arnó e Hijos.

En el operativo han participado 250 agentes de la Guardia Civil, con actuaciones en Barcelona, Girona y Lleida.

A pocos días del juicio de Mas

La operación policial tiene lugar justo al día siguiente que el Gobierno español haya revelado sus planes para impedir la realización de un referéndum a Catalunya y pocos días antes del inicio del juicio contra el expresident Artur Mas por su actuación en la consulta del 9-N, un hecho que restará tiempo a sus abogados para preparar el juicio.