El Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias de la ONU considera que la prisión preventiva de Quim Forn, Raül Romeva, Josep Rull y Dolors Bassa es "arbitraria", siguiendo el mismo criterio expresado en el caso de Junqueras, Sánchez y Cuixart.

Según recoge un informe, el grupo pide al Gobierno que adopte las medidas necesarias para remediar la situación de los presos "sin dilación", dejándolos en libertad "inmediatamente". Además, también solicita que se les conceda el derecho "efectivo" a una indemnización y otros tipos de reparación y se adopten las medidas pertinentes "contra los responsables de la violación de sus derechos".

Este es el segundo dictamen del grupo de trabajo sobre detenciones arbitrarias de la ONU sobre los presos: en mayo ya emitió un informe en el cual pedía la libertad del vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras, el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y el diputado de JxCat y expresidente de la ANC Jordi Sànchez.

Según el grupo, la detención de Forn, Rull, Romeva y Bassa fue resultado "del ejercicio de sus derechos a la libertad de conciencia, opinión, expresión, asociación, reunión y opinión política" contraviniendo artículos de la Declaración Universal de DDHH y del Pacto. Además, también concluyen que se ha vulnerado su presunción de inocencia.

En el escrito, argumentan que la detención a partir del inicio del procés penal en los casos de Forn, Rull, Romeva y Bassa "se vuelve inverosímil si se analiza en el momento político convulso en qué se presentó la acusación".

Además, el grupo cuestiona las acusaciones contra los encausados en el Supremo y considera que las acciones de Forn, Rull, Romeva y Bassa anteriores o posteriores al 20 y el 21 de septiembre del 2017 "no fueron violentas ni buscaron incitar a la violencia".

Los expertos recuerdan que el elemento de la violencia es "esencial" para la calificación penal de los delitos de sedición y rebelión y constatan que, contrariamente al uso de esta, sus conductas consistieron en "el ejercicio pacífico de derechos y libertades" protegido por las leyes internacionales. Por otra parte, el grupo afirma que "no ha sido convencido" sobre otras conductas encaminadas a la organización del 1-O que pudieran considerarse "delictivas".

Así, la "inexistencia del elemento de violencia" y otras conductas "prohibidas" genera en la ONU la "convicción" de que las acusaciones penales y el juicio "tienen por objeto coaccionarlos por sus opiniones y expresiones políticas sobre a la independencia".

También mencionan que Forn ofreció renunciar a su rol político para intentar ser liberado y que Bassa devolvió su certificado de elección y concluyen en esta línea que en el caso de los cuatro presos se ha intentado "inhibirlos de perseguir este fin por medios políticos".

El argumentario, escrito por los expertos mientras todavía se celebraba el juicio del 1-O en el Supremo, también carga contra el hecho de que la causa no se juzgara en Catalunya. La jurisdicción territorial, personal y material en la que le correspondería haber investigado los hechos, aseguran los expertos, era la de los tribunales de Catalunya "dado que los crímenes presuntamente fueron cometidos en territorio de Catalunya, así como por funcionarios del gobierno y parlamentarios catalanes".

En el texto, de 17 páginas, los miembros del Grupo de Trabajo de Detenciones Arbitrarias también incluyen en su argumentario algunas ideas a las cuales ya se refería la opinión de Junqueras, Sánchez y Cuixart. Por ejemplo, también se remite a la resolución del tribunal de Schleswig Holstein en el caso de la euroorden contra Carles Puigdemont y menciona las declaraciones de la entonces vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría sobre "decapitar" el independentismo.

¿Te ha parecido interesante este artículo? Para seguir garantizando una información comprometida, valiente y rigurosa, necesitamos tu apoyo. Nuestra independencia también depende de ti.
Suscríbete a ElNacional.cat