Òmnium Cultural ha cargado con dureza contra la nueva decisión judicial que afecta el modelo lingüístico de la escuela catalana y ha exigido al Govern que actúe para protegerlo. La entidad presidida por Xavier Antich considera que la resolución del Tribunal Supremo, que anula la obligación de que la rotulación de los centros educativos sea en catalán, es “un nuevo ataque injustificado de la judicatura”. En un mensaje en las redes sociales, Òmnium ha defendido que “la rotulación en catalán en las escuelas es parte del modelo de país que defendemos de la mano de los centros y la comunidad educativa” y ha reclamado al ejecutivo catalán que “blinde el modelo de la escuela catalana ante este nuevo ataque injustificado de la judicatura, articulado desde el españolismo más rancio”.
La decisión del Supremo llega después de un recurso de la Assemblea per una Escola Bilingüe y con el apoyo de la Fiscalía, y elimina un apartado del documento de organización de los centros del curso 2022-2023 que establecía el catalán como lengua de la rotulación. Todo ello, en un contexto de presión judicial creciente sobre la inmersión lingüística y a la espera de la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el 25% de castellano en las aulas. Fuentes del Departament d’Educació han indicado que el documento del próximo curso ya no incluirá ninguna referencia explícita a la rotulación, mientras el sector educativo continúa pendiente de los próximos movimientos judiciales.
Òmnium eleva la presión por el Catalangate
Más allá de la cuestión lingüística, Òmnium también ha cargado contra el Estado después de que se haya dado a conocer que el CNI haya espiado a los exdiputados de la CUP David Fernàndez y Carles Riera. La entidad lamenta haber sido investigada “por ser independentistas” y reclama una investigación “real y completa”. En este sentido, exige al Consejo de Ministros que desclasifique todos los documentos relacionados con el Catalangate y que los responsables “paguen por prácticas dignas de regímenes totalitarios”.
El presidente de la entidad, Xavier Antich, ha asegurado que “tarde o temprano se acabará demostrando que intervinieron los móviles de los 65 políticos y activistas independentistas que destapó Citizen Lab”. Antich también ha destacado el caso de David Fernández como “especialmente relevante”, ya que no figuraba entre los nombres inicialmente reconocidos por el gobierno español, y ha insistido en la necesidad de “depurar responsabilidades”.
Estas declaraciones llegan después de que se hiciera público que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) espió a diputados de la CUP con autorización judicial. Para Òmnium, estas revelaciones confirman el alcance de un escándalo que considera todavía lejos de ser aclarado.