Òmnium Cultural se ha presentado como acusación popular contra los policías españoles que hicieron las cargas el 1-O. El caso, que se instruye en el juzgado de instrucción 7 de Barcelona, investiga a medio centenar de policías españoles.
El vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha anunciado hoy que se personan en el caso y ha denunciado toda la intervención de la Policía Nacional y la Guardia Civil el 1 de octubre de 2017 en Catalunya ante la ONU y el Consejo de Europa, a fin de que obliguen al estado español a investigar los hechos de manera eficaz y se depuren responsabilidades. La entidad considera que España incumple sus compromisos internacionales, ya que la Fiscalía entorpece las indagaciones y se ha premiado a muchos agentes que agredieron a votantes.
"La violencia no puede quedar impune", ha dicho Mauri, y ha recordado que "todavía no se ha investigado la violencia del 1-O, aunque España tiene la obligación de hacerlo". La presentación como acusación popular en la causa del juzgado de Instrucción 7 de Barcelona sólo es el primer paso. Òmnium tiene previsto personarse en el resto de causas que están abiertas "para estar al lado de las víctimas y denunciar la inacción del Gobierno, las trabas que pone la Fiscalía y esta voluntad de los poderes del Estado de tapar la violencia del 1-O, de tapar toda esta represión".
La investigación
El juzgado de instrucción 7 de Barcelona es donde se investigan las cargas de la policía española el 1-O. Es donde está el grueso de la investigación, aunque en otros juzgados de Catalunya tienen curso las denuncias que se presentaron a raíz de la brutalidad policial para detener el referéndum. Hay 8 mandos imputados y unos 40 agentes investigados.
En Barcelona se ha identificado a los mandos, la acusación contra ellos es clara y se sentarán en el banquillo de los acusados. Es la primera vez que se imputa a todos los jefes policiales del operativo en Barcelona que les atribuye la responsabilidad de las cargas. El juez, sin embargo, todavía tiene que decidir a cuántos de los 40 investigados envía a juicio.
La instrucción, que está en la recta final, también está a la espera de que la Audiencia de Barcelona resuelva los recursos pendientes.
En junio de este año la Fiscalía pidió archivar el caso defendiendo la "legitimidad de la actuación policial". Pero el juez denegó el archivo porque la actuación policial "no se ajustó de ninguna manera a lo que prevé la legislación vigente ni a los protocolos existentes ni a los estándares internacionales". El juez, además, describe la brutalidad policial y cómo fueron tratados los votantes y quita la razón a la policía española: "Fueron arrastrados por el suelo de cualquier manera, por el pelo o desde la mandíbula, lanzados por las escaleras, pisados por agentes, ignorados una vez presentaban heridas de consideración, sin entrar en los insultos que algunos ciudadanos denuncian haber recibido".