Los observadores internacionales en el juicio de Roger Español, que enjuició a los policías que le hicieron perder un ojo durante el 1 de octubre de 2017, han emitido sus conclusiones cargando contra el juicio, la fiscalía y el Estado. Consideran que el procedimiento judicial ha vulnerado el derecho de la víctima a ser atendida, tratada y reparada. También reprochan a la fiscalía que "no ha hecho su papel de garante de la legalidad y de una investigación rigurosa" y que se ha puesto directamente al lado de los acusados. A su vez, consideran que el Estado español no ha cumplido los estándares internacionales sobre uso de la fuerza y respeto al derecho de protesta.
Esta misión de observadores internacionales la han formado la Organización Mundial Contra la Tortura, la Red Internacional de Organizaciones de Libertades Civiles, Redress, Defender a quien Defiende, Coalición Internacional por los Derechos Humanos en Filipinas y Amnistía Internacional.
Los observadores sostienen que Español no ha sido tratado como víctima por las autoridades estatales competentes, ni ha recibido apoyo, asistencia, atención o reparación previstos en el Estatuto de la víctima del delito. "Estas garantías son especialmente pertinentes cuando los delitos denunciados son de tortura o malos tratos; sin embargo, no se han respetado en el procedimiento", avisan. Por el contrario, han valorado que los acusados han tenido un juicio justo y con garantías.
En este sentido, recuerdan que los estándares internacionales exigen que cualquier uso de la fuerza por parte de la policía sea "legal, necesario, proporcionado y precautorio", y que se dirija únicamente contra personas que representen una "amenaza específica y legítima". Así, recuerdan que los tribunales internacionales y expertos en derechos humanos "han reconocido que el uso excesivo o desproporcionado de la fuerza durante las protestas puede constituir tortura u otros malos tratos". Un protocolo reciente de la ONU dice que el uso ilícito de la fuerza durante manifestaciones puede suponer tortura y maltrato, incluso cuando se considera que una protesta ha dejado de ser pacífica, avisan.
En cuanto al desarrollo del juicio, lamentan que las conductas propias de la desobediencia civil no violenta se hayan calificado "de hostiles" o "violentas", y que se haya descrito "reiteradamente" a la ciudadanía que ejercía el derecho fundamental a la protesta como una "masa" o una "masa hostil". "Cuando estas narrativas son promovidas por funcionarios del Estado, existe el riesgo de que la fuerza se utilice no para hacer frente a una amenaza específica e inminente, sino para castigar, intimidar o disuadir del ejercicio del mismo derecho", apuntan los observadores.
Por otro lado, también ven con preocupación que los peritos balísticos y los policías acusados admitan que la trayectoria de las pelotas de goma es "imprevisible". Así, recuerdan que la ONU establece que "los proyectiles de impacto cinético deben ser probados y autorizados para garantizar que son lo suficientemente precisos para impactar en una zona segura de un blanco de tamaño humano desde la distancia requerida, y sin una energía excesiva que pueda causar lesiones". Estas orientaciones de la ONU afirman expresamente que el disparo con rebote en el suelo genera un "riesgo inaceptable de lesiones graves".
Acusan a la fiscalía de no investigar y ponerse del lado de los acusados
Los observadores recuerdan que, según la legislación internacional y estatal, la fiscalía "tiene una responsabilidad particular a la hora de garantizar que las alegaciones de tortura y malos tratos sean investigadas de manera rápida, imparcial y efectiva, a la vez que se protege a la presunta víctima de nuevos daños y se le garantiza un trato digno durante todo el procedimiento". Por ello, la misión de observadores se muestra "preocupada" por el hecho de que la fiscalía "no ha tenido un papel activo en la investigación", ni durante la instrucción ni durante el juicio. Al contrario, los observadores reprochan a la fiscal Alexandra García Tabernero que "a lo largo del juicio sus interrogatorios y conclusiones se han alineado con la defensa de los cuatro agentes de policía". "Este planteamiento parece difícil de conciliar con la responsabilidad particular" de la fiscalía de "velar por los derechos de los ciudadanos, defender la legalidad y proteger el interés público", dicen.
Por otro lado, la misión "constata con preocupación" que durante el juicio la fiscal "pareció cuestionar la aplicabilidad de los estándares internacionales" que regulan el uso de la fuerza por parte de los policías antidisturbios, incluidas las armas menos letales. Así, recuerdan que el Estado español está "obligado por los tratados internacionales de derechos humanos que prohíben la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes". "La prohibición absoluta de tortura comporta la obligación procesal del Estado de llevar a cabo una investigación oficial rápida, exhaustiva e independiente, siempre que haya una alegación creíble o defendible, como también garantizar que ningún acto de tortura o maltrato no sea objeto de amnistía o indulto", añaden.
Mala acústica en las salas
Sobre la transparencia del juicio, los observadores agradecen que les reservaran asientos en la sala de vistas, pero se han quejado de la mala acústica de las salas y de que no se les permitiera acceder al enlace de la retransmisión que tenían los periodistas, cosa que "habría podido mejorar de manera significativa la claridad y accesibilidad del procedimiento"
En cuanto a la situación vivida por Roger Español a raíz del 1-O, los observadores constatan que una lesión ocular grave no solo tiene consecuencias físicas y psicológicas, sino también sociales o laborales: "cambia de manera abrupta los proyectos de vida de la persona y genera dificultades en las relaciones familiares, la reintegración social y la reincorporación al trabajo". A escala social, además, "la violencia ocular genera miedo y desincentiva la participación pública, con graves consecuencias para la democracia y el derecho de protesta", consideran.