International Trial Watch, iniciativa creada para facilitar la observación internacional del caso 1-O, supervisará que los presos políticos catalanes tengan garantizado el derecho a un juicio justo. Integrada por organizaciones y juristas internacionales y de todo el Estado, la plataforma ha solicitado espacio para cinco observadores de derechos humanos en cada sesión del proceso. El Tribunal Supremo todavía no lo ha resuelto, pero "confían en que se facilite el trabajo de observación".

Entre las organizaciones internacionales que han anunciado que participarán está el American Bar Association, con 410.000 miembros en los Estados Unidos; Front Line Defenders, premio de derechos humanos de las Naciones Unidas en 2018; la Federación Internacional de Derechos Humanos, que reúne a 184 organizaciones estatales, o la red europea Euromed Rights, con más de 80 organizaciones estatales. También participará la organización especializada en observación Fair Trials o la Asociación Abogados Europeos Demócratas. En total son 13 organizaciones internacionales.

Además, el equipo también cuenta con la presencia de expertos independientes, como el abogado internacional John Pilphot, que ha participado en varios procesos ante tribunales penales internacionales; Luisa Morgantini, exvicepresidenta del Parlamento Europeo, o Erri de Luca, activista por los derechos humanos.

Desde la plataforma aclaran que solo facilitan la tarea de estas organizaciones internacionales, que elaborarán sus respectivos informes de forma independiente. Defienden que esta supervisión es "perfectamente sana e higiénica" ante la preocupación que han expresado varios actores en el Estado español y fuera de las fronteras españolas.

Ante la posibilidad, filtrada a algunos medios, de que les serán denegadas estas plazas, Robert Sabata (Asociación Catalana para la Defensa de los Derechos Humanos) ha lamentado que "quizás le molesta al tribunal que haya observadores internacionales", y que "demuestra la politización de este juicio".

A pesar de todo, si finalmente no les dan las plazas, Anaïs Franquesa, del Centre Irídia, ha afirmado que "se hará lo posible para entrar en la sala", por la vía que sea. "Si se quiere ser transparente, no entendemos que no haya personas independientes supervisando el juicio", ha afirmado Franquesa.

Juristas de todo el Estado

Aparte de las organizaciones internacionales, académicos de todo el Estado español también realizarán un informe final conjunto, al final del proceso, que se tendrá que aprobar por unanimidad de sus 13 integrantes. Entre estos está Iñaki Esparza, catedrático de Derecho Procesal en la Universidad del País Vasco; Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla; Iñaki Lasagabaster, catedrático de Derecho Administrativo en la Universidad del País Vasco, o Joaquín Urías, exletrado del Tribunal Constitucional.

Mercè Barceló, coordinadora de este grupo de trabajo, ha explicado que harán un informe "tanto desde la perspectiva de los derechos procesales como de los derechos subjetivos".

Desde la plataforma han aclarado que ni los observadores internacionales ni los académicos de todo el Estado recibirán ningún honorario por la tarea de observación. La financiación de International Trial Watch se realiza exclusivamente a través de donaciones en su sitio web.

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