El Juzgado de lo Penal 14 de Barcelona ha condenado a la exdirectora general de Medio Natural de la Generalitat y exdiputada de ICV, Núria Buenaventura, a tres años y medio de inhabilitación especial para trabajo o cargo público por autorizar en 2009 la captura de pájaros fringílidos con un método de caza ilegal.
En la sentencia, el tribunal considera probado que Buenaventura dictó una resolución el 17 de julio de 2009 en que se aprobaba hacer una prueba experimental sobre el método de pega para determinar si era un sistema selectivo o masivo para cazar aves cantoras, aunque la normativa autonómica, estatal y europea prohibían este método.
La resolución permitía dar autorizaciones por la captura de ejemplares macho de pinzón, jilguero, llucareta y pardillo y, como consecuencia, se otorgaron en este periodo 3.374 autorizaciones y se cazaron más de 60.000 ejemplares. Buenaventura justificó haber dictado esta resolución porque, a pesar de la prohibición de carácter general de la normativa en esta materia, se permitían excepciones por estudios de investigación.
El juez ha emitido la sentencia después de que la Federació Catalana de Caça recurriera la prohibición de este método tradicional y el síndic de greuges recomendara un estudio para dilucidar si suponía un método de caza masiva -como consideraba la normativa- o no.
Excusas
En la sentencia, el tribunal considera que Buenaventura usó como excusa el supuesto intento de hacer un estudio para permitir de manera "amplia, generalizada, sin control y sin voluntad sancionadora" la caza con este método aunque no contaba con ningún informe técnico que lo avalara y sin la norma reglamentaria que le diera cobertura.
En la sentencia también se considera que autorizó este estudio sobre el método de caza para contrastar alguna cosa "que era aceptada sin fisuras por la comunidad científica". "Eso supone que se ha traspasado la frontera que separa lo ilícito administrativo de lo penal, ya que puede afirmarse que la resolución era claramente contraria al ordenamiento jurídico, argumenta al juez".
"En realidad se trató de una torcedura del derecho en toda regla" en que se buscó, según el tribunal, la puerta de atrás para conseguir el otorgamiento generalizado de autorizaciones por las capturas con pega en 2009. En más, critican que durante este año "no se implantaron medidas serias y específicas para la verificación de la veracidad de los datos" que se iban recogiendo.