Los grupos parlamentarios de Esquerra Republicana, Junts per Catalunya, CUP y Comuns han registrado conjuntamente una proposición de ley en el Parlament dirigida a la Mesa del Congreso de los Diputados para garantizar el servicio de cajero automático en los municipios en riesgo de exclusión financiera. La proposición, que parte de la propuesta del conseller Jaume Giró, también incorpora, a propuesta de los grupos firmantes y del Departamento de Empresa y Trabajo, una disposición adicional para garantizar la atención presencial de acuerdo con el mandato de varias resoluciones aprobadas, ante el hecho de que el Govern no tiene competencias para regular la obligatoriedad de instalar cajeros a los municipios que no dispongan. Con esta iniciativa se pretende regular la instalación de un cajero automático de proximidad en zonas rurales y urbanas donde actualmente no hay, y es fruto del estudio y análisis de la situación actual que ha llevado a cabo los últimos meses la Conselleria.

El fundamento de la proposición de ley se basa en el hecho de que el acceso a los servicios bancarios no es una mera consecuencia de una actividad mercantil, sino un verdadero derecho del ciudadano, que no tiene que ser obviado por los poderes públicos. El actual contexto del sector financiero ha supuesto que en el 2021 un total de 443 municipios catalanes (un 46,78% del total) no contaban con una oficina bancaria ni un cajero automático, según datos del Banco de España. Eso supone casi 250.000 ciudadanos en riesgo de vulnerabilidad financiera. Con esta ley se quiere regular un mínimo de servicios: retirada e ingreso de dinero en efectivo; pago de recibos y tributos; consultas de movimientos y saldos; obtención de extractos; y realización de transferencias.

La proposición de ley define que los municipios en riesgo de exclusión financiera tendrán que contar, como mínimo, de un cajero automático en su término municipal, y el servicio se prestará en condiciones de accesibilidad universal, estando operativo las 24 horas del día. Los gastos de Instalación y mantenimiento del servicio del cajero automático no se podrán repercutir en las personas usuarias, aunque sí que podrán cobrar las comisiones aplicables con carácter general.

12 meses

Con respecto a los plazos, la proposición de ley prevé un mes para elaborar una primera lista de municipios en riesgo de exclusión financiera afectados, que se tendrá que publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE). El Banco de España enviará al ministerio competente en Economía el primer catálogo de municipios. A partir de aquí, las entidades financieras harán sus propuestas de instalación voluntaria de cajeros, sin perjuicio que dos o más proveedores puedan hacer su oferta en un mismo municipio. Desde la notificación del último acto administrativo, los prestatarios del servicio contarán con un plazo de un mes para activar el cajero automático. Al fin y al cabo, sumando todos los trámites, el cajero tendría que estar disponible y en servicio en un plazo de unos 12 meses.

A mediados del mes de marzo el pleno del Parlament ya aprobó una moción de Junts per Catalunya en la cual instaba a la Generalitat a elaborar propuestas para garantizar el acceso a los servicios bancarios con cajeros automáticos "con independencia del municipio", una cuestión que fue aprobada por unanimidad, y también que tienen que ser las entidades financieras las que asuman el coste de estos cajeros.