Ningún país europeo excluye de sus leyes de amnistía los delitos de terrorismo. Así se desprende de una tabla comparativa que ha hecho pública la Comisión de Venecia, órgano consultivo del Consejo de Europa, que está elaborando un informe sobre la amnistía a petición del PP. Según este estudio comparativo, de entre los estados miembros de la Comisión de Venecia, solo Brasil y Kirguizstán dejan fuera los delitos de terrorismo de la amnistía; mientras que en el caso de Chile se incluyen condicionantes específicos para que este tipo de delitos se puedan acoger. Esta comparativa que ha hecho la Comisión se enmarca en el informe sobre la amnistía que está elaborando esta entidad del Consejo de Europa, la conclusión de la cual no es vinculante, pero supone una voz autorizada en materia de estado de derecho.
El informe completo, el 15 o 16 de marzo
La previsión es que la Comisión de Venecia haga público su informe, a más tardar, en el pleno del 15 y 16 de marzo. Este viernes se publicó esta tabla que forma parte del futuro informe en el que está trabajando la Comisión. Bajo el título Tabla comparativa de disposiciones constitucionales y legislativas relativas a la amnistía en los estados miembros de la Comisión de Venecia, el informe analiza la legislación de los 56 estados que forman parte de este organismo, entre los cuales hay unos quince de fuera de Europa.
Brasil y Kirguizstán, dos excepciones
Los casos de Brasil y Kirguizstán destacan porque los dos estados excluyen el terrorismo de sus leyes de amnistía. Concretamente, en el caso brasileño se trata de una ley promulgada el año 1979, donde se recogía que quedaban excluidas de aquella amnistía aquellas personas que hubieran sido condenadas por delitos como terrorismo o secuestro. Por otra parte, en el caso del Kirguizstán, una ley del año 2017 especifica que la amnistía no se aplica a los procesados y condenados por crímenes como la tortura, la violación o el terrorismo. En estos últimos caso, la ley va más allá y no se limita solo a los condenados por estos crímenes, sino también los que están siendo procesados. En el caso de Chile, la amnistía solo puede ser aprobada por el Senado, y necesita una mayoría absoluta de los diputados, pero se especifica que en el caso de los delitos de terrorismo, requiere dos terceras partes de los votos de los senadores.
La visita de la Comisión de Venecia
Al principio de este mes de febrero, miembros de la Comisión de Venecia se desplazaron al Congreso de los Diputados para indagar sobre la amnistía invitados por el Senado, con mayoría del PP. Según relataron varios participantes en la reunión, donde los delegados de la Comisión preguntaron sobre esta futura ley, no entraron en aspectos de carácter más político, como tampoco en el eventual perdón a acusados de terrorismo. Concretamente, la diputada de ERC, Pillar Vallugera, declaró: "No han preguntado sobre terrorismo ni sobre las exclusiones previstas (en la ley), pero han salido los planteamientos de los diferentes grupos políticos en el sentido de que no se produjo ni en 2017, en 2019, ni en todo el procés ningún acto de terrorismo".
El PSOE y Junts siguen negociando
En estos momentos, el PSOE y Junts se encuentran en plenas negociaciones de la ley de amnistía. En un principio, el PSOE y Junts pactaron el siguiente añadido a la excepción de terrorismo, el punto 2.d: "Siempre que, de forma manifiesta y con intención directa, hayan causado violaciones graves de derechos humanos, en particular, las previstas en el artículo 2 y 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales, y en el derecho internacional humanitario". Pero delante de la presión del juez Manuel García-Castellón, Junts exige sacar la palabra terrorismo de la ley. Los socialistas no aceptaron ninguna de las enmiendas de Junts per Catalunya, encaminadas, a grandes rasgos, a blindar el independentismo de la persecución al movimiento a través de los delitos de terrorismo y de traición. Por eso, Junts votó en contra el pasado 30 de enero y la ley de amnistía hizo marcha atrás en su tramitación en la cámara baja. El 18 de febrero, el grupo parlamentario socialista solicitó a la Mesa del Congreso la ampliación del plazo para la emisión de un nuevo dictamen para la ley de amnistía por parte de la Comisión de Justicia, ya que esta finalizaba el miércoles 21 de febrero. Ahora, PSOE y Junts disponen de dos semanas para seguir negociando la ley de amnistía y encontrar una solución a las enmiendas relativas al terrorismo y a la traición, después de que la Mesa del Congreso de los Diputados aceptara este martes la petición de los socialistas para prorrogar el plazo quince días más y alargarlo hasta el jueves 7 de marzo.