El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha citado en calidad de investigados al expresidente de Catalunya Caixa, Narcís Serra, y 14 exconsejeros más —entre los que hay el exdirector general de la entidad, Adolf Todó— los días 20, 21, 21 y 23 de febrero, para que declaren sobre las supuestas irregularidades que generaron un agujero de 721,38 millones de euros en las cuentas de la entidad entre los años 2000 y 2013. El juez actúa un año después de imputar a Serra —que fue vicepresidente del Gobierno español y ministro de Defensa durante la etapa Felipe González— y el resto de gestores a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, que había recibido una denuncia del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) fruto de la revisión de las cuentas después del rescate de la entidad.

El juez los cita a todos en calidad de investigados con el siguiente calendario: para el día 20 a las 10h, Narcís Serra; y a las 11h, Josep Maria Loza y Adolf Todó. El día 21 a las 10h, Lluís Gasull y Eduardo Aznar; y a las 11h, Joan Valls y Joan Guell. El día 22 a las 10h, Antoni Llardén y Joan Manuel Pla; y a las 11h, Josep Alonso y Joan Echaniz. Y el día 23 a las 10h, Josep Molins y Montserrat Robuste; y a las 11h, Francisco José Villegas y Josep Maria Alentorn.

Nacionalizada en 2012

Catalunya Banc —heredera de Catalunya Caixa— fue nacionalizada en el 2012 y recibió más de 12.000 millones de euros de dinero público antes de ser vendida al BBVA sin recuperar esta inversión. El juez Moreno decretó en el 2017 el inicio de las investigaciones para determinar "el perjuicio total causado a la entidad como consecuencia de las operaciones realizadas y de los acuerdos de separación de socios", que según el magistrado ascendían a 721,38 millones de euros.

El magistrado atribuye a Serra y al resto de los investigados un delito de administración desleal por una serie de compraventas de activos inmobiliarios donde la entidad participaba en un 50% con otros socios. Según el juez, las operaciones se hacían "sin los informes previos independientes" ni trámites urbanísticos ineludibles, así como tampoco mecanismos para parar posibles pérdidas.

También apuntaba que parte de las operaciones se llevaron a cabo sin someterlas al consentimiento de la comisión ejecutiva o el consejo de administración de la entidad. La Fiscalía afirma que entre los años 2000 y 2007 se hicieron adquisiciones relevantes —a veces de terrenos no urbanizables o afectados— que entre 2008 y 2013 se demostró que no se podrían rentabilizar.