Nueva denuncia en Europa por el bloqueo de Madrid al referéndum catalán. Esta vez, de la mano de ERC y del partido nacionalista flamenco N-VA. La senadora Laura Castel y el diputado belga Peter Luykx denunciaron este martes en la Conferencia de los Órganos Especializados en Asuntos Europeos (COSACO) que Madrid se oponga a un referéndum sobre la independencia de Catalunya ante diversos representantes de parlamentos europeos y también eurodiputados.

La COSAC es un organismo que se reúne cada seis meses con miembros de los órganos estatales especializados en asuntos de la Unión Europea y seis eurodiputados. El organismo, creado el año 1989, sirve para debatir la integración europea y forman parte de él tanto miembros de la Unión Europea como Estados pendientes de entrar en la UE o invitados europeos, como son el caso de Andorra, Noruega o Suiza. Esta vez, participaron 224 parlamentarios de 37 Estados diferentes.

El diputado belga denunció en este encuentro, que se llevó a cabo del 28 al 30 de mayo, la necesidad de que la Unión Europea se tome seriamente el caso catalán, así como los casos de Escocia o Irlanda del Norte, "si quiere aumentar su apoyo". Además, defendió que en Catalunya hay un "deseo de autonomía democrática" y que este tiene una "base amplía". Según Luykx, el referéndum catalán es "inevitable" y aseguró estar viviendo un "déjà-vu" con el referéndum del Brexit, "cuando Europa pensó que nunca llegaría".

Por su parte, Castel denunció la judicialización del procés. En este sentido, recordó que un 80% de los catalanes apuesta por "resolver el conflicto político con un referéndum acordado con el Gobierno español" pero que Madrid lo ha bloqueado. Además, denunció que por haber hecho un proceso participativo sin base legal el año 2014, la respuesta del Gobierno español "ha sido la exigencia de responsabilidades penales a miembros del Gobierno de Catalunya".

También denunció la apertura de procesos a la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y en miembros de la mesa "por debatir en sede parlamentaria", lo que calificó como "una violación de las prerrogativas parlamentarias y los derechos de libertad de opinión y de expresión y de representación política".