La reunión sectorial convocada por el ministro de Justicia, Rafael Catalá, con el resto de consejeros autonómicos este miércoles en Madrid, ha servido para que su conseller homólogo, Carles Mundó, liderase un frente común para plantarse ante el Gobierno central. La primera cuestión ha sido exigir la no aplicación del IVA en el turno de oficio de la Abogacía, y la segunda, quejarse de que las autonomías tendrán que pagar parte del coste destinado a crear unidades especializadas en cláusulas suelo.

Mundó ha dicho a Catalá que Catalunya se negaba frontalmente a gravar los honorarios de unos abogados que generalmente ya cobran poco por ejercer una tarea a menudo altruista, como velar por los derechos de los ciudadanos. "La justicia gratuita no es un mercado. El cliente no escoge al abogado, ni el abogado escoge al cliente. Sería como grabar las becas comedor", ha explicado el conseller después de la reunión "cordial". El ministro se ha sumado a este clamor, pero ha recordado que ello no sólo dependía de él, sino de Hacienda. La posición del ministro Cristóbal Montoro es que el IVA se tiene que aplicar, en virtud de una sentencia europea que ha hecho suya, pero proviene de un caso belga. Catalá, sin embargo, lo pone en duda.

La contraoferta de Montoro es la aplicación de un baremo, proporcional al IVA, financiado por los presupuestos públicos. Es decir, se daría al abogado un plus monetario para que haga frente al gravamen y no verse perjudicado. El agravio que ha denunciado Mundó es que el baremo tiene que ser financiado por la comunidad, y en las arcas catalanas les supondría 13 millones y medio euros. El propio ministerio también se vería afectado –y por eso Catalá no quiere la medida – ya que el Estado tiene que pagar el plus allí donde no ha transferido las competencias a las autonomías.

La otra denuncia de la Generalitat es la necesidad de crear más unidades judiciales especializadas "sin recibir ni un solo recurso del Estado". Catalá ha reconocido las palabras de Mundó, preguntado por El Nacional. La situación es que Catalunya tendrá que crear nuevos juzgados, si hacen falta por la sobrecarga de trabajo, o bien, especializarlos para hacer frente a las cláusulas suelo. El Govern pagará entonces el coste del mantenimiento del edificio y los funcionarios, y el Ejecutivo central hará lo mismo con los letrados y jueces de las 85 unidades previstas en toda España.

Finalmente, el representante de la Generalitat ha lamentado que necesitaban crear nuevas plazas de juez, porque asumían cargas de trabajo "a menudo abusivas". El ratio estaría en 10,5 jueces por cada 100 habitantes en Catalunya, y 11,5 por cada 100 habitantes a todo el Estado. Eso significa que hacen falta 70 jueces más en el sistema judicial catalán. El ministro, sin embargo, se ha justificado que todavía no tenía los presupuestos generales aprobados y no podía lanzar la oferta de empleo pública de unos 2.000 funcionarios que tenía estudiado.

En último término se ha abordado el sistema de gestión procesal común, todavía en vías de aplicación, y el registro civil público, gratuito y telemático, de manera que "se desjudicialice a la política", según el titular ministerial, porque serán jueces los que dejarán de hacer esta tarea. Mundó aquí no ha hecho enmienda, pero ha lamentado no haber apreciado diferencia entre la reunión anterior, cuando el Ejecutivo central estaba en funciones, y la actual. "Las excusas son las mismas, pero los calendarios se dilatan" ha remachado.