Los mandos de los Mossos que han declarado este martes como testigos delante del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena han asegurado que los días 20 y 21 de septiembre, durante las concentraciones delante de la Conselleria d'Economia en protesta por la operación de la Guardia Civil, no hubo violencia, como sostiene la Fiscalía para justificar los cargos de rebelión contra Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, a pesar de que sí hubo riesgo de problemas de seguridad fruto de la presencia de 40.000 personas en la calle.

El primero en declarar ha sido el jefe de la comisaría general de información de los Mossos, Manuel Castellví, que —como hicieron el major Josep Lluís Trapero y ayer el comandante en jefe de los Mossos, Ferran López— ha insistido en decir que el coronel de la Guardia Civil encargado del dispositivo del 1-O, Diego Pérez de los Cobos, estaba al corriente del tipo de despliegue que hicieron los Mossos.

Castellví ha vuelto a decir —como han hecho también Trapero y López— que en las reuniones previas al 1-O la cúpula de los Mossos advirtió al Govern del riesgo de problemas de seguridad que podía suponer mantener la convocatoria del referéndum con la advertencia de actuación anunciada por el gobierno español, a pesar de eso el Govern decidió celebrar el 1-O.

Los tres han comparecido a petición de las defensas del conseller del Interior destituido, Joaquim Forn, del número dos de la lista de Junts pel Sí, Jordi Sànchez, y del presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. Forn había pedido la comparecencia de Castellví para desmontar el testimonio de De los Cobos, que aseguró que se había sentido engañado por los Mossos, a quien culpó del resultado de la jornada y del hecho de que el despliegue policial no permitiera detener el referéndum.

Los otros dos mandos lo han hecho a petición de Sànchez y Cuixart. Son los agentes que actuaron como mediadores durante la operación de la Guardia Civil en la Conselleria d'Economia. Según han apuntado, no hubo violencia y ante el riesgo para la seguridad de la comitiva buscaron una salida alternativa. También han apuntado que fue la prensa quien destrozó los coches de la Guardia Civil.

La versión de VOX

Según la acusación popular de VOX, Castellví ha asegurado que en sus reuniones con Puigdemont, Junqueras y Forn, la cúpula de los Mossos advirtió de la posibilidad de alteraciones del orden público y se sintió "frustrado" al ver que los líderes del Govern no atendían a estas advertencias.

Según VOX, Castellví también ha "reconocido" que los Mossos intentaron incinerar documentos y que no se cumplió la orden del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de cerrar los centros de votación.

La acusación popular también ha afirmado que los otros dos agentes han admitido que no era "seguro" estar en las puertas de la Conselleria d'Economia los días 20 y 21 de septiembre durante la operación de la Guardia Civil, y que la intendente de Trapero, Teresa Laplana, les comunicó que no enviaría más agentes.