Los Mossos d'Esquadra han planteado al fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, las consecuencias que podría tener el cumplimiento de la instrucción de precintar y desalojar todos los locales de votación del referéndum del 1 de octubre antes del 30 de septiembre: desde paralizar centros sanitarios a afectar derechos fundamentales. Estas consideraciones las han formulado en un documento al cual ha tenido acceso El Nacional.

Según los Mossos, el hecho de precintar ciertos locales electorales supondría "impedir el desarrollo de las actividades ordinarias que se realizan en estos espacios". Eso afectaría "suspender la actividad durante días en centros médicos, el cierre de residencias de ancianos o de centros educativo (donde aparte de la actividad lectiva se realizan actividades deportivas, de centro de recreo u otros escolares), o impedir la actividad en centros de personas mayores".

En este sentido, ponen de manifiesto que esta actuación podría comportar el desalojo de las personas que estén en el interior de los locales, por lo tanto, recuerdan que haría falta una "autorización judicial" para hacerlo.

La actuación podría comportar "un mal mayor"

El escrito de los Mossos también pone de manifiesto la preocupación que hay entras el cuerpo de Mossos d'Esquadra "con respecto a la situación de tensión que se está generando" y recuerdan que toda actuación policial se tiene que ajustar "a los principios de oportunidad y congruencia". Así, aseguran que los actos que se celebren el 1 de octubre comportarán una "presencia masiva de ciudadanos" y recuerdan que el cuerpo "no sólo se ciñe a ejercer las funciones de policía judicial, sino también a la de garantizar la seguridad ciudadana y el orden público, sin que en ningún caso su actuación pueda comportar un mal mayor al que se pretende evitar".

También ponen de manifiesto que el impedimento de algunas actividades, especialmente las que se lleven a cabo en la vía pública, pueden poner en juego otros derechos fundamentales como son el derecho a reunión y manifestación o el derecho a expresarse libremente.

Riesgo de alteraciones

Por estos motivos, los Mossos piden aclaraciones en la Fiscalía sobre las actuaciones que les pide llevar a cabo el 1 de octubre y reprocha que algunas de sus peticiones podrían comportar "consecuencias no deseadas por nadie en relación a la seguridad ciudadana y el más que previsible riesgo de alteraciones del orden público que se pueda derivar".