El Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) ha acabado como ha empezado, sin que las comunidades sublevadas hayan obtenido ninguna respuesta a su negativa a aplicar medidas de ajuste presupuestario. Era una reunión informativa, después de que se hizo público que el Estado se desvió más de 1 punto con los compromisos de déficit de la Unión Europea el año 2015. El malestar es compartido por los gobiernos autonómicos, pero cada caso es diferente. De esta manera, el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, les ha emplazado a reunirse bilateralmente, para ajustar unos objetivos que para el 2016 tendrían que ser del 0'3% del PIB.

Montoro, sin embargo, no ha cedido en sus postulados iniciales. "Hay que traducir a cada comunidad como cumplir el camino de déficit marcado", ha expuesto el titular de Hacienda. La tensión con las autonomías los días previos era palpable, y el ministro ha querido defenderse diciendo que la UE también sujetaba el Estado con la ley de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. El economista afirma que no ha pedido explícitamente a las comunidades "que recortaran". Sin embargo, en virtud del Acuerdo de No Disponibilidad de Crédito, los gobiernos subestatales tendrán que congelar el gasto, y teniendo en cuenta que los presupuestos ya están aprobados, en la práctica eso sí que supondría recortar.

Clamor común

Montoro asegura que todas las autonomías están de acuerdo en cumplir los objetivos de déficit. Pero tanto las del PP, como Castilla y León, como las del PSOE, coinciden en la voluntad de "no poner en peligro los derechos sociales" de los ciudadanos. "No somos las culpables", repetían los diversos representantes. La inacción por el interinato del Gobierno se hace evidente, y algunos consejeros han pedido "un liderazgo efectivo" en el Estado. Montoro se había ganado la impopularidad de todas estas autonomías, cuando insinuó hace unos días que eran la causa de que España hubiera incumplido los objetivos de déficit con la UE. Las autonomías cerraron el 2015 con un desfase del -1'66% del PIB, indicó. 

Sin embargo, las comunidades recuerdan al ministro que antes de las elecciones rebajó impuestos, disminuyendo la recaudación, como explicaba al economista de Ciutadans, Toni Roldán, en una entrevista con El Nacional.

Romeva y Montoro / EFE

Romeva, perplejo

Si el frente común que se preconizaba hace unos días queda desarticulado, cada comunidad tendrá que defender sus intereses. En representación del Govern de la Generalitat ha asistido a la reunión del Consejo, el conseller d'Exteriors, Raül Romeva, porque el titular de Economia, Oriol Junqueras, se encontraba en Roma. Como el resto de gobiernos autonómicos, Romeva venía por la misiva que Montoro dirigió a la Generalitat. "De entrada venimos a ver qué nos explica. La carta que nos envió no era muy clarificadora. Pero por lo que de momento sabemos, es absolutamente inaplicable lo que se nos pide", ha manifestado el conseller delante del edificio gris del ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas en Madrid.

De las cuestiones que afectan a Catalunya no se ha hablado, y Romeva ha remarcado su "perplejidad" por este motivo. Según el representante de la Generalitat, durante el encuentro ha preguntado sobre los intereses del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), y el Estado no ha respondido. El Govern de Catalunya quiere que el dinero del FLA, que se tiene que devolver, sea gravado al 0%, y no al 0'8% actual. En el encuentro con Junqueras el mes pasado, Montoro se abrió a negociarlo. "Hay un discurso bastante unánime entre las autonomías, el problema es el modelo de financiación, el reparto del dinero y la arbitrariedad con la cual se toman las decisiones," ha concluido el conseller, que ha remarcado que Catalunya siempre cumple.

España, 2000 millones

Montoro ríe mucho y es muy irónico, tanto delante de las cámaras, como detrás de ellas. Pero cuando habla, se obedece. "Sabe usted que yo nunca me opongo a un buen titular", decía sobre las ya denominadas "comunidades sublevadas". Sin embargo, asegura que "está seguro de que todo el mundo cumplirá". Como catedrático sabe que hay que dar ejemplo, y también sabe protegerse en el precedente. Por la mañana había elevado al Consejo de Ministros un recorte de 2.000 millones de euros para la Administración General del Estado. El recorte no pasa por las partidas sociales, ni por la seguridad, según garantizó. El Gobierno en funciones considera que si Bruselas permite un nuevo techo de déficit, la ventaja será extendida a las autonomías. "Para que eso pase, primero se tienen que aplicar medidas", ha sentenciado.