La sala civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha imputado a la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Políticas Inclusivas, Mónica Oltra, por el presunto encubrimiento de abusos sexuales de su exmarido a una menor tutelada. Oltra declarará delante del TJC el próximo 6 de julio a las 10:00 horas. Así lo ha anunciado este jueves la Sala, tribunal en el cual el Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia que remitió las actuaciones el mes de abril pasado al estimar que existían hechos presuntamente delictivos atribuidos a Oltra. Se envió la causa a este órgano ante la condición de aforada de la consellera. Después de recibir las actuaciones, el tribunal preguntó en las partes del procedimiento --acusaciones y defensas-- sobre la competencia para instruir el caso. Fiscalía se pronunció favorablemente al hecho de que lo asumiera el TSJCV para ver indicios "relevantes" contra Oltra.
La investigación
En concreto, en este procedimiento se investiga el presunto encubrimiento de los abusos sexuales que sufrió en un centro una menor tutelada, de 14 años, a manos del exmarido de Oltra entre los años 2016 y 2017. El educador fue condenado a cinco años de prisión en una resolución ratificada por el TSJCV. Después de la condena, la menor denunció la situación en la cual se había encontrado durante la tramitación de la causa y desde el juzgado se abrió una nueva investigación judicial contra seis funcionarios, la directora y una psicóloga del centro de acogida de menores donde ocurrieron los hechos. Posteriormente, se imputó a cinco personas más: una directora general, una subdirectora general, un secretario territorial, una jefa de servicio y un técnico. Un total de 13 investigados. Según la Fiscalía, "nadie se preocupó de proteger a la menor de dichos abusos, hasta el punto de que el educador autor material de los mismos, fue repuesto en sus funciones".
La Sala, después de estudiar el caso, se ha declarado competente para instruirlo en apreciar "una serie de indicios plurales" que "hacen sospechar la posible existencia de un concierto" entre la aforada y varios funcionarios para "proteger su entonces pareja o bien proteger la carrera política de la aforada", según consta en un acto notificado hoy en las partes. Por lo tanto, el TSJCV entiende que resulta procedente incoar diligencias previas, de las cuales será instructor el ponente de esta resolución, el magistrado Antonio Ferrer, "con el fin de investigar hasta qué punto esta sospecha inicial tiene la entidad suficiente para permitir que el proceso pueda continuar su curso ordinario".