Más cerca de ser investigada. La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha acusado a Mònica Oltra de ordenar ocultar los abusos de su exmarido a una menor, así como de "desacreditar a la víctima y desvirtuar a su testimonio, negando su credibilidad". Así consta en el escrito que la fiscal superior, Teresa Gisbert, ha remitido al alto tribunal, en el cual se muestra a favor que se investigue la vicepresidenta de la Generalitat Valenciana y consellera de Polítiques Inclusives por la gestión de su departamento en este caso. Al mismo tiempo, concluye que estos hechos pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos. En definitiva, ve "indicios relevantes" contra Oltra.

"Se realizó una investigación superficial, interna, en la cual se percibe indiciariamente una línea de ocultación de los hechos". Es una de las frases más repetidas por la Fiscalía en el texto de 71 páginas, al cual han tenido acceso Europa Press y Efe. Después de su análisis, el ministerio público subraya: "A la luz de las actuaciones podría alegarse que algún funcionario, técnico, psicológico, etc, se equivocó, pero ¿todos?; ¿todos se equivocaron?. Se deduce, a nivel indiciario, la existencia de una directriz de actuación por parte de todos de disminuir la importancia y ocultar los abusos".

Una actuación incomprensible

Sin embargo, ¿cuál puede ser la finalidad de todo eso? "El beneficiario directo era Luis Eduardo, exmarido de Oltra, superior jerárquica de los funcionarios intervinientes y beneficiaria también, de esta manera de proceder, en cuánto beneficiaba su marido ocultando los abusos y ella en cuánto era un medio idóneo para eludir las posibles responsabilidades políticas y/o penales", dice la Fiscalía. Sigue diciendo que "se deduce una voluntad que, al haberse iniciado un procedimiento judicial y salir los hechos de la órbita interna de la Conselleria se optó para abrir un expediente para desacreditar a la menor y exculpar a la Conselleria de Igualtat, beneficiando de esta manera al autor material de los hechos, a Oltra y a todos los intervinientes". Y se vuelve a preguntar: "Si tanto interés se tenía a 'aclarar los hechos' ¿por qué no se denunciaron ante la Policía, Fiscalía y Administración de Justicia? ¿Por qué todos los intervinientes negaron credibilidad la menor? ¿Todos se equivocaron? Es difícilmente creíble".

La Fiscalía describe cómo la menor refirió los abusos, el 13 de febrero de 2017, a una trabajadora social y, de aquí, se trasladó hasta cinco personas más sin que se denunciaran los hechos: "Tenemos, pues, una actuación incompatible e incomprensible con la gravedad de los hechos". En esta línea, añade: "La Generalitat Valenciana tiene la tutela de la menor, se comunica por la misma que está sufriendo unos abusos sexuales, y no durante poco tiempo, por parte de un educador en un Centro de Acogida y no solamente no se denuncian los hechos, sino que tampoco se ponen en conocimiento de la Policía, ni de la Fiscalía de Menores ni de la Administración de Justicia". Además, al ministerio público le resulta "curioso" que en las anotaciones y textos en los cuales se hace referencia al educador no se hace constancia de los apellidos, únicamente se indica: "Luis R."

Ninguna voluntad

Los hechos no trascendieron hasta pasados cuatro meses, cuando la menor los pudo relatar a agentes de Policía. "Hasta entonces nada supieron ni la Policía, ni la Fiscalía de Menores, ni la Administración de Justicia. A la vista de todo el hasta ahora expuesto, a nuestro entender, es necesario e ineludible cuestionar si hubo una voluntad real de aclarar estos abusos", reitera la Fiscalía. "Estos comportamientos evidencian indicios, de una intensidad bastante, que dejan entrever de nuevo la escasa, desidiosa o nula voluntad de conducta al esclarecimiento de los hechos", insiste.

Sobre el expediente que se abrió en la Conselleria el 8 de agosto de 2017, cuando la Fiscalía ya investigaba los hechos, el ministerio público se detiene en el escrito que mandó a la directora territorial de la Conselleria en el cual solicita la apertura de un "expediente informativo con el fin de constatar, si procede, la veracidad de los hechos". La Fiscalía ve "especialmente significativo" la finalidad del expediente: "Existe un evidente indicio que la finalidad del expediente no fue aclarar los posibles errores en que pudieran haber incurrido las personas que ejercían funciones públicas relacionadas con la tutela de la menor, sino la de aclarar la credibilidad del testimonio de la menor, todo eso cuando ya estaban los hechos siendo investigados en vía judicial desde el 28 de julio de 2017". Así, "carece de sentido tal expediente, máximamente cuando ya habían pasado casi seis meses de la manifestación de la menor sobre los abusos y se seguían diligencias en el juzgado sobre estos hechos". "Visto el desarrollo y contenido del expediente, a nivel indiciario, más bien parece que se incoó con el fin de liberar de responsabilidades a la Generalitat Valenciana y a las personas y organismos que ejercían o intervenían en la tutela de la menor", considera. "Curiosamente, el expediente se concluyó considerando la instructora que el testimonio del adolescente no era creíble. Las dos sentencias de la Audiencia Provincial y las dos sentencias dadas por el TSJCV consideraron todo el contrario, hasta tal punto que condenaron en las tres ocasiones a Luis Ramírez", recuerda.