El Gobierno respira tranquilo ante las imágenes de Josep Rull trabajando en la conselleria de Territorio y Sostenibilidad, o por la fotografía publicada por Carles Puigdemont del edificio de la Generalitat, considerando que "según el protocolo", el Govern se encuentra todavía dentro del plazo legal para recoger sus pertenencias, según informan fuentes del Ejecutivo consultadas por El Nacional. "Lo hacen acompañados por un mosso; si se niegan a marcharse, el mosso tiene instrucción de levantar atestado para el juez y el fiscal", explican las fuentes.

La cuestión es que el ministerio fiscal podría actuar en contra de los representantes catalanes por un delito de usurpación de funciones, ya que según el artículo 402 del Código Penal este se aplica a quien "ilegítimamente ejerza actos propios de una autoridad o funcionario público atribuyéndose carácter oficial", pena que sería castigada con cárcel de uno a tres años.

Las fuentes de la Moncloa explicaban el sábado a este diario que el supuesto se cumple si Puigdemont y el resto del Govern decide quedarse al cargo, firmar documentos, o actuar al margen de las medidas de intervención de la autonomía catalana, pues han sido cesados "a todos los efectos". También recordaban que una vez destituidos con la publicación del BOE el Ejecutivo catalán deja de cobrar el sueldo. Eso sí, preguntadas por este diario sobre la posibilidad de ordenar su marcha física de los edificios públicos, las fuentes muestran cautela y prefieren no pronunciarse al respecto.

El mismo delito que a Puigdemont y los consellers se aplicaría a los cargos de confianza –miembros de Gabinete y asesores–, unos 140 trabajadores aproximadamente que también quedan destituidos con los decretos del Ejecutivo central.

En consecuencia, el Gobierno espera que "las nuevas elecciones en Catalunya permitan devolver la dignidad a las instituciones catalanas por el deterioro que han sufrido durante el gobierno del Sr. Puigdemont", afirman. Eso sí, fuentes de vicepresidencia no descartan la posibilidad de que las fuerzas independentistas boicoteen los comicios, aunque asumen que "esta posibilidad existía ahora y antes", concluyen.

El PP no quiere que Puigdemont se presente a las elecciones

Desde el Partido Popular, que este lunes celebra su comité ejecutivo nacional presidido por Mariano Rajoy, la presidenta de la comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes ha dejado en manos de la justicia las acciones contra los consellers que no dejen el cargo. Eso sí, Cifuentes ha afirmado que ella querría ver a Puigdemont inhabilitado. En la misma línea se ha pronunciado el presidente de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, asegurando que "después de tantas frivolidades e ilegalidades presuntamente cometidas", le "sorprendería" que el presidente catalán se presentara a los comicios del 21-D.