La ambigüedad de la Junta de Castilla y León en torno al aborto mantiene al Gobierno en la incógnita y la duda sobre qué acabará haciendo y qué no el gobierno de Alfonso Fernández Mañueco en relación con el aborto. Es por eso que La Moncloa ha publicado este viernes un comunicado en el cual informa de que da por buena la respuesta de la Junta de Castilla y León, pero que al mismo tiempo alerta de que se mantiene vigilante. El Gobierno ha decidido enviar una nueva carta hacia Valladolid para reiterar al ejecutivo castellanoleonés la prohibición de sacar adelante cualquier política que coaccione a mujeres embarazadas que han tomado de la decisión de abortar. En la misiva, el gobierno presidido por Pedro Sánchez "se reserva la posibilidad" de emprender "acciones legales"; hace unos días ya empezaron la vía para llevar el caso al Tribunal Constitucional.
En un comunicado, el Gobierno da por buena la respuesta que dio este jueves Castilla y León al requerimiento de incompetencia que envió La Moncloa. "El ejecutivo autonómico ha acatado", afirma el texto, de manera que se considera que se ha conseguido defender los derechos de las mujeres. Ahora bien, fuentes del ejecutivo español también apuntan que la preocupación se mantiene bien viva, ya que el posicionamiento de la Junta gobernada por PP y Vox es bien ambiguo. Así lo señala también el comunicado, que incide en el hecho de que hay contradicciones en lo que se dice por escrito y lo que se dice de forma oral.
Eso se debe a que este jueves el portavoz de la Junta de Castilla y León, Carlos Fernández Carriedo, avanzó nuevas medidas que pretende adoptar al ejecutivo de Mañueco, como el de ofrecer a las mujeres poder escuchar el latido del corazón del feto, así como hacerse una ecografía 4D. Es por eso que, a pesar de considerar que se ha conseguido "frenar los primeros intentos" de los castellanoleoneses para coaccionar mujeres embarazadas, hay que continuar al acecho, señalan las mismas fuentes.
La carta se enviará a través del Ministerio de la Presidencia, y se pondrá por escrito que "resulta contrario a la legalidad vigente y a nuestro ordenamiento constitucional de distribución de competencias que una comunidad autónoma adopte cualquier medida encaminada a obligar, indicar, ofrecer, recomendar o sugerir a la mujer embarazada que ha decidido libremente interrumpir su embarazo".
Aviso de Pedro Sánchez
Ayer ya se pronunció de manera clara sobre esta cuestión el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Durante la rueda de prensa posterior a la cumbre hispanofrancesa, aseguró que La Moncloa defenderá "con contundencia" su posicionamiento en torno al aborto. En su argumentario afirmaba que no pueden haber mujeres que tengan más o menos derechos que otras mujeres del Estado. De hecho, el presidente socialista ya insistió acompañado del presidente francés, Emmanuel Macron, que la Junta de Castilla y León tenía que ser más transparente, refiriéndose a los mensajes contradictorios que llegan sobre esta cuestión.